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El Supremo declara la nulidad del despido de Coca-Cola por vulneración del derecho de huelga

miércoles 15 de abril de 2015, 12:42h
El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la nulidad del despido colectivo de Coca-Cola Iberian Partners por vulneración del derecho de huelga, lo que hace innecesario analizar el resto de las cuestiones planteadas.
  • Celebración de los trabajadores de Coca Cola tras conocer la decisión del Supremo

    Celebración de los trabajadores de Coca Cola tras conocer la decisión del Supremo
    Kike Rincón

  • Celebración de los trabajadores de Coca Cola tras conocer que el Tribunal Supremo declara nulo el ERE.

    Celebración de los trabajadores de Coca Cola tras conocer que el Tribunal Supremo declara nulo el ERE.
    Kike Rincón

  • Los trabajadores de Coca-Cola delante del Supremo

    Los trabajadores de Coca-Cola delante del Supremo
    Kike Rincón

En concreto, la sala de lo Social entiende que durante la huelga convocada en contra del despido por el cierre del centro de Fuenlabrada (Madrid), la empresa sustituyó la producción dejada de realizar por la de otras embotelladoras del grupo, perjudicando así el adecuado desarrollo del periodo de consultas.

La sentencia, de modo complementario, resuelve dos extremos de carácter procesal: en los despidos colectivos declarados nulos la condena a readmisión debe llevar unida la condena al abono de salarios de tramitación por la remisión del art. 124 de la Ley de la Jurisdicción Social (despido colectivo) a los núms. 2 y 3 del art. 123 de la misma Ley (despido objetivo individual) en los que está incluida la condena a salarios de tramitación; la sentencia de despido colectivo es directamente ejecutiva, como consecuencia de la modificación legal de 2013 (art. 247.2 LJS, modificado por RD Ley 11/2013 y Ley 1/2014).

De esta forma, el Alto Tribunal ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Coca-Cola Iberian Partners, que afectó a 1.190 trabajadores y conllevó el cierre de cuatro plantas (Fuenlabrada, Alicante, Asturias y Palma de Mallorca).

La sentencia del Tribunal Supremo es directamente ejecutiva y va acompañada de la condena al embotellador del pago de los salarios de tramitación.

Más información:

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