El Hospital Universitario Gregorio Marañón mantiene un proceso de
investigación por supuestas irregularidades en el Servicio de Anatomía
Patológica relativas al uso de medios públicos para realizar pruebas a
clínicas privadas.
En un comunicado, el hospital alude a la
información adelantada por la Cadena Ser este martes ante la
denuncia de un facultativo del centro alertando de la existencia de un entramado de patólogos que han creado empresas que facturan por esos servicios, sin que la Consejería perciba contraprestación alguna. Desde el Gregorio Marañón explicaron que en el desarrollo de este proceso se ha pedido la comparecencia de diversos profesionales sanitarios del citado servicio que han negado tener conocimiento de las presuntas irregularidades denunciadas.
Por su parte, el denunciante, el doctor Juan Carlos Martínez Montero, ha manifestado tener pruebas de las presuntas irregularidades por lo que la gerencia del hospital tramitó un requerimiento formal a este facultativo para que entregue cualquier documentación que pueda constituir una prueba de irregularidades y delitos cometidos en el centro.
La oposición pidió explicaciones sobre este asunto y este miércoles el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha dicho que se están recabando datos y en función de eso se tomarán las medidas oportunas. Victoria ha relatado que el consejero de Sanidad, Javier Maldonado, mantuvo una primera toma de contacto "de cortesía" con los miembros de la mesa sectorial de Sanidad cuando llegó al cargo, y lo que hizo fue "derivar las cuestiones concretas al director general de Recursos Humanos, que posteriormente no ha tenido ningún tipo de dato o conocimiento adicional" sobre las supuestas pruebas irregulares del Marañón.
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha pedido que, de confirmarse los hechos, los patólogos sean "castigados de forma adecuada". La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública censura las presuntas "corruptelas" denunciadas y ve responsabilidad política por "permitir a los médicos compatibilizar la práctica pública con la privada".
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