Prisión sin fianza para Granados por formar parte de una "organización criminal"

En un auto dictado este viernes el magistrado atribuye a Granados los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude. La resolución judicial detalla que el exnúmero dos del PP madrileño es "titular de algunas de las cuentas de las que las autoridades suizas han informado que existe sospecha de blanqueo de capitales agravado".

La investigación ha identificado diversas operaciones inmobiliarias que se sospecha que podrían haberse presentado como "contraprestación" de los empresarios beneficiados a las labores de mediación desarrolladas por el exdirigente 'popular'.

Además, el juez ha dejado en libertad con comparecencias al guardia civil de Valdemoro que fue detenido por alertar a Granados de que estaba siendo investigado y a los supuestos intermediarios con el Ayuntamiento de Collado Villalba Víctor Manuel Ortega Martínez y José Manuel Casado del Castillo, que tendrán un plazo de diez días para prestar sendas fianzas de 6.000 euros.

Declaración de Granados
Granados, que ha declarado durante dos horas y veinte minutos, ha negado el cobro de comisiones ilegales a cambio de haber mediado en la adjudicación de contratos públicos y ha asegurado que la cuenta de Suiza que se le atribuye es en realidad de Marjaliza, quien se acogió a la amnistía fiscal, según fuentes de su defensa. El empresario, por su parte, se ha acogido a su derecho de no declarar.

Granados ha asegurado que abrió una cuenta en Suiza en 1996 porque su agente se cambió de banco pero en el año 2000, un año después de su elección como alcalde de Valdemoro, la cedió a Marjaliza y recuperó los 320.000 euros que tenía en este depósito. Según su versión, el banco no le dejó cerrar la cuenta y le pidió que llevara a otro titular, para lo que eligió a Marjaliza.

El exdirigente 'popular' también ha negado haber realizado negocios u operaciones con Marjaliza, al que conoce desde el colegio, y ha señalado que la transferencia de 1,6 millones que la Fiscalía de Laussanne (Suiza) detectó en 2013, y que motivó la apertura de la investigación por parte de Anticorrupción, es en realidad un traspaso que el empresario habría realizado entre dos de sus cuentas. Por su parte, Marjaliza se habría acogido a la amnistía fiscal durante los últimos meses.

La defensa de Granados, dirigida por el abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, ha destacado tras el interrogatorio la debilidad de los indicios probatorios que existen contra su cliente en relación con la documentación que se le ha exhibido y los pinchazos telefónicos a los que fue sometido. También ha negado haber mediado para favorecer a la empresa Waiter Music, que dirigía el empresario José Luis Huerta, y ha dicho que la única relación que tuvo con él es que le contrató para celebrar la comunión de uno de sus hijos.

En cuanto supuesto contrato de compra-venta con la constructora Dico por un chalé en Valdemoro por un valor superior a los 300.000 euros, Granados también lo ha negado. Según fuentes de su defensa, al dirigente 'popular' le ofrecieron el inmueble aunque lo rechazó por entender que no le convenía adquirir una vivienda tan lujosa en el municipio. La vinculación del exdirigente 'popular' con este inmueble fue desvelada por el director financiero de Dico, David Merino, en 2008 en una declaración realizada ante un notario de Madrid en la que sugería que el inmueble nunca fue pagado por el exalcalde. El empresario aseguró que no sabía si Granados vivía en él o se lo vendió posteriormente a Dico, "o si al final cuando se escrituró, lo escrituró a un familiar suyo, probablemente una hermana".

Acudirá al Consititucional
La representación legal de Granados también tiene previsto acudir al Tribunal Constitucional por la decisión del juez Eloy Velasco de prorrogar el periodo de detención de 72 horas a través de un mandamiento judicial que dictó el pasado miércoles y por el cual tanto el exsecretario general del PP como Marjaliza solicitaron el 'habeas corpus' y su inmediata puesta en libertad. "Se ha aplicado la legislación antitetorrista (que amplía el detención a cinco días) a comunes", han señalado estas fuentes.

A pesar de las explicaciones de Granados, las fiscales Anticorrupción Carmen García y María Teresa Gálvez, han pedido el ingreso incondicional en prisión de Granados por su participación en la trama de corrupción investigada, informaron fuentes jurídicas. Según el juez, las "redes clientelares de tráfico de influencias" de la organización de la que formaba parte Granados se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Las resoluciones judiciales dictadas por el magistrado apuntan que las "autoridades municipales" detenidas "se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contratos previos".

Tres directivos de Cofely pagan la fianza
Por otro lado, los tres directivos de la empresa Cofely que han sido imputados por sobornar presuntamente a cargos públicos a cambio de la adjudicación de contrato han depositado las fianzas que les impuso el juez. El presidente de la empresa Cofely, Didier Maurice; el director comercial de la firma, Constantino Álvarez; y el empleado José Antonio Hernández han depositado las cauciones de 100.000 euros que decretó el jueves el magistrado, por lo que abandonarán la cárcel de Soto del Real en las próximas horas.

También han depositado sus fianzas el concejal de Hacienda de Valdemoro, José Javier Hernández (60.000 euros); el jefe de gabinete del alcalde de la localidad, Alfredo Ovejero (25.000 euros); el arquitecto municipal, José Luis Navarro Soto (100.000 euros); y dos empresarios relacionados con el constructor David Marjaliza: Antonio Serrano (100.000 euros) y Eduardo de la Peña (50.000 euros).

Los dos únicos imputados que no han pagado las fianzas que le impuso el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 son el jefe de gabinete de la Alcaldía de Parla, Antonio Borrego (de 60.000 euros), y el dueño de la empresa Waiter Music, José Luis Huerta (300.000).

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