Este lunes a última hora de la tarde, su web reflejaba una información sobre un acuerdo con José María Fraile, alcalde de Parla, en de julio de 2013. Se podía leer que la empresa había resultado "adjudicataria del contrato de servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos) del Ayuntamiento de Parla". El contrato tenía una duración superior a 15 años y una cifra de negocios global de 54,7 millones de euros. Según indicaba, a cambio tenía "previsto conseguir unos ahorros energéticos cercanos al 40 por ciento en el alumbrado público y de más del 6 por ciento en el consumo eléctrico de los edificios, lo que supone la disminución de casi 1.000 toneladas anuales de CO2".
Sin embargo, a primera hora de este martes ya no hay rastro de la información, la "noticia ya no existe", puede leerse. De hecho, la última información que aparece en el apartado de 'Actualidad' corresponde a diciembre de 2012 sobre un proyecto de Cofely lidera junto a la ciudad de Zamora para impulsar las Smart Cities.
Este lunes, cuatro altos cargos de la empresa fueron detenidos por la Guardia Civil. La empresa era la compañía sobre la que "pivotaba gran parte de la trama" en la que el exconsejero y exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, también detenido este lunes, hacía la labor de conseguidor de adjudicaciones públicas a cambio del cobro de comisiones ilegales. Su sede también ha sido registrada este lunes, y, según fuentes de la investigación, aparece como la empresa central en la trama ya que fue la que benefició de la mayoría de las adjudicaciones públicas, aunque no era la única.
En uno de los apartados de la página web de la empresa, titulado 'Ética, valores y compromisos', señala que "una empresa sostenible es una empresa ética" y asegura que la "ética es una dimensión esencial del éxito del proyecto industrial y humano de GFF SUEZ y un acto de responsabilidad individual de cada uno de sus integrantes". "Esto se refleja en los principios fundamentales que guían los comportamientos de toda la organización: el cumplimiento de las leyes y normativas, la integridad, la lealtad, la honradez y el respeto a los demás", expone la empresa, que apunta que "esta política se recoge en dos textos fundamentales: El Código de Ética y la Guía Práctica". En cuanto a los valores del Grupo, destaca la "exigencia, el compromiso, la audacia y la cohesión".
EL CONCEJAL ADJUNTO DE MÓSTOLES DECLARARÁ POR UN CONTRATO CON COFELY
Daniel Ortiz, alcalde de Móstoles, ha anunciado este martes el cese cautelar de las funciones que ostenta el concejal adjunto de Medio Ambiente, Alejandro de Utrilla, que declarará en el marco de la 'Operación Púnica' por un contrato firmado este mismo año con Cofely. En un comunicado, Ortiz ha explicado que esta medida se mantendrá "atendiendo al principio de transparencia que rige la actividad pública del Ayuntamiento, hasta que la situación judicial se aclare". "Desde la presunción de inocencia, como alcalde creo que Alejandro de Utrilla podrá ejercer una mejor defensa apartado de sus labores en el Consistorio", ha asegurado Ortiz.
Según el alcalde, "para salvaguardar la imagen del Ayuntamiento de Móstoles", le suspenderán cautelarmente "sin que ello suponga aceptar o admitir su culpabilidad, hasta que exista una resolución judicial". "Creemos en la presunción de inocencia y dado que se ha decretado el secreto de sumario no tenemos más datos al respecto. Como Alcalde deseo que todo este proceso judicial sea ágil y rápido por bien de todas las partes", ha añadido.
En relación a las investigaciones realizadas por la UCO (Unidad Central Operativa) en el Ayuntamiento, que se prolongaron hasta las 2 de la madrugada, el regidor ha explicado que el Ayuntamiento colaboró en la entrega de todo el material y documentación requerido por la Guardia Civil y seguirá cooperando con la Justicia en todo momento.
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