Con esta reforma fiscal, el gobierno del PP
pone los intereses de todo el país al servicio de los intereses particulares de
la derecha y de sus terminales económicas; de esta forma la política tributaria
se utiliza como un reclamo electoral y no como un instrumento para mejorar las
posibilidades de desarrollo del país y la reducción de las desigualdades.
La reforma fiscal que nos trata de colar el
Gobierno tiene un tufo electoralista indudable con el señuelo de una rebaja de
impuestos, sin que aborde decididamente un cambio profundo del sistema
tributario, que en estos momentos castiga a las rentas del trabajo frente a las
del capital.
La supuesta reforma se ha quedado en una
rebajita del IRPF para bajar los tipos y ponerlos a la altura de los que había
cuando el PP llegó al poder, salvo para las rentas altas, ya que el gobierno
elimina los tramos de progresividad que existían en 2011 e iguala lo que va a
pagar un contribuyente que gane alrededor de 60.000 euros con los que ganen
cinco millones.
Así pues, la reducción de los tipos en todos
los tramos no es una medida adecuada en la situación actual de nuestro país, en
la que se necesitan recursos para atenderlos compromisos financieros y
presupuestarios.
Además es una actuación negativa porque va a
reducir la recaudación y a favorecer mucho más a los que ganan y tributan a los
tipos superiores de la tarifa, lo que va a ir en detrimento de la progresividad
del impuesto y al aumento de la injusticia de sus resultados.
En opinión de la UGT la reforma presentada
por el gobierno del PP disminuye los impuestos directos y aumenta los
indirectos y las tasas, que perjudican en mayor medida a los que poseen menor
capacidad económica, conformando un modelo regresivo e injusto.
Por último, el Ejecutivo ha elaborado su
propuesta de reforma fiscal sin contar con los interlocutores sociales,
imprescindibles a la hora de participar activamente en el diseño de los cambios
fiscales que se piensen aplicar, con consonancia con el compromiso adquirido
por Mariano Rajoy, de "promover el diálogo con los agentes sociales en
materia de reforma fiscal".
En fin, este compromiso, uno más, se quedó en
una reunión informativa sin documentos y a tres días de la aprobación del texto
por el Consejo de Ministros.
Si (
No(
