El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves la creación de la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos, un órgano que permitirá a los empresarios y representantes sindicales dirimir sus discrepancias en los casos de descuelgue de convenios colectivos. Se trata de una obligación legal derivada de la reforma laboral.
Existen ciertos casos en los que los empresarios pueden plantear a los representantes sindicales la inaplicación de algunas condiciones establecidas en los convenios colectivos debido, fundamentalmente, a las condiciones económicas y la situación financiera de la empresa. Cuando se da este supuesto, llamado 'descuelgue' del convenio, puede ocurrir o bien que las partes se pongan de acuerdo, con lo que se cerraría el descuelgue, o bien que no haya acuerdo entre representantes sindicales y empresa, lo que abriría la vía extrajudicial de resolución del conflicto. Esta vía contempla, en primer lugar, que se dirima el asunto en el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, un órgano bipartito donde están representados los sindicatos y las asociaciones empresariales, mientras que la administración regional preside el Patronato.
Agotada esta vía, los casos de descuelgue deberán resolverse entonces en la Comisión Consultiva -hasta ahora, solo Nacional- órgano tripartito con dos representantes de la Administración regional, dos de los sindicatos y dos representantes de las asociaciones empresariales. Tendrá, además un presidente designado por la consejera de Empleo, Turismo y Cultura, entre personas de reconocido prestigio en el ámbito laboral y previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Su mandato será de tres años.
Sin coste para la Administración
Ninguno de sus miembros tendrá derecho a remuneración por sus funciones ni a cobro de dietas, por lo que la creación de esta comisión no supondrá coste presupuestario para la Comunidad de Madrid. Solo computará gasto en el caso de que la Comisión Consultiva requiera la presencia de un árbitro que dirima la discrepancia a través de un laudo arbitral. La Comisión Consultiva adoptará los acuerdos preferentemente por consenso entre los miembros o, si esto no fuera posible, por mayoría absoluta de los asistentes.
El portavoz del Gobienro regional, Salvador Victoria, recordó que en 2013 se presentaron en la Dirección General de Trabajo 113 inaplicaciones de convenio, lo que supuso un incremento del 62 por ciento frente a las del 2012, mientras que el número de trabajadores afectados durante el año 2013 fue de 19.616, un 93 por ciento más que en 2012. En prácticamente todos los casos las causas alegadas por la empresa fueron económicas, y las condiciones de trabajo que se acordaron no aplicar fueron por cuantía salarial y sistema de remuneración. Todos esos descuelgues, hasta la fecha, lo han sido por acuerdo entre las partes y tan solo dos han ido a la Comisión Nacional.
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