El pasado 24 de abril se suspendió el juicio contra el juez Sival al presentar este un incidente de nulidad contra la magistrada del tribunal María Tardón por "representar al Partido Popular" en la asamblea general de Caja Madrid y contra el presidente, Arturo Beltrán, por "falta manifiesta de imparcialidad". "Es un descrédito y una vergüenza para la Administración", dijo Silva.
Silva presentó una demanda civil en un juzgado de primera instancia de Marid contra Tardón y Beltrán por "vulnerar sus derechos fundamentales" y solicitó una indemnización de diez euros. Al presidente del tribunal le acusa de permitir la presencia de la magistrada, no aceptar la renuncia de su abogado e integrar la sala que, en fase intermedia, componían otros dos togados que finalmente fueron apartados.
La denominada 'Sala del 77' estima que "no concurre elemento alguno que cercene la imparcialidad" de Tardón en el procedimiento abierto a Silva y tampoco existen "circunstancias que evidencien un interés" en el pleito. Sin embargo, "con el fin de preservar la imagen de la Justicia y la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos, se hace necesario rebasar el estricto ámbito subjetivo para examinar si concurre asimismo el requisito de la imparcialidad objetiva, que proporciona una garantía más consistente para determinar si afloran hechos verificables que puedan crear dudas, si quiera indiciarias, o incluso aparentes, sobre la imparcialidad de la magistrada", precisa.
En este sentido, explica que el cese de Tardón como consejera de Caja Madrid años antes de que se cometieran los hechos por los que Silva investigó a su expresidente, Miguel Blesa, "no desvanece por completo la huella dejada por aquel objetivo vínculo o relación inicial" que mantuvo con la entidad financiera.
"Y lo que es más importante, genera la apariencia o sospecha de pérdida de imparcialidad de la magistrada en el enjuiciamiento" seguido contra el que fuera instructor del 'caso Blesa', "con la consiguiente merma de confianza y deterioro de la imagen pública de la justicia que representa cualquier sospecha objetiva de imparcialidad".
En virtud de la jurisprudencia que propugna la necesidad de "eliminar cualquier apariencia de parcialidad con el fin de promover la confianza que deben inspirar los jueces y tribunales en una sociedad democrática", el Tribunal Superior de Justicia aprecia la existencia de "indicios objetivos" suficientes, "siquiera en el ámbito de las apariencias", de un interés indirecto de Tardón en la resolución de este procedimiento.
El auto niega que la petición de Silva sea extemporánea porque la planteó tan pronto tuvo conocimiento de que Tardón había formado parte de la Asamblea General de Caja Madrid desde 1999 hasta 2005, año en el que accedió a la Carrera Judicial.
El acusado pidió recusar también al presidente del tribunal, Arturo Beltrán, por haberle generado indefensión con la decisión de no aceptar la renuncia de su abogado Cándido Conde-Pumpido Varela o la de rechazar las pruebas y nulidades solicitadas. Sin embargo, la Sala del 77 defiende que adoptó estas determinaciones de acuerdo a su competencia y no aprecia ninguna "restricción en su imparcialidad" ni tampoco "dudas o sospechas justificadas" relacionadas con este caso. Además, tilda de "estratagema" la demanda interpuesta contra Beltrán y Tardón cuando el juicio se estaba desarrollando para pedir su abstención por "tener un pleito pendiente".
El TSJM ha rechazado la ampliación de la recusación formulada contra Tardón por Silva, en la que preguntó si es afiliada del PP y había recibido "directa o indirectamente" regalos de Blesa. Los magistrados argumentan que la planteó fuera del trámite legal. El tribunal ha recordado que Tardón no se abstuvo del conocimiento y fallo de este caso por la "convicción personal" de no haber elemento alguno que cercene su imparcialidad, y añade que Silva tampoco aportó pruebas determinantes de que tuviera "interés directo y personal" o lograra alguna "ventaja o beneficio" en este caso.
La magistrada explicó que es "público y notorio" que fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Madrid desde 1999 hasta 2003 y que el consistorio la designó para integrar la asamblea general de Caja Marid como consejera hasta su incorporación a la Carrera Judicial. "Han pasado casi diez años de aquella fecha, no recuerdo la fecha exacta en la que cesé en la asamblea general, pero fue antes de incorporarme a la Carrera, que fue en abril de 2005", dijo Tardón, para señalar que no ha tenido "jamás amistad íntima ni de ningún género con el señor Blesa ni con ninguno de los testigos y partes del juicio". "Y no tengo interés directo o indirecto con el pleito", enfatizó.
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), Manuel Moix, y los magistrados recusados, el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y el exjefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán se mostraron en contra de la petición de Silva al entender que era un "nuevo fraude" para retrasar al máximo el juicio, en el que se enfrenta a una petición fiscal de 30 años de inhabilitación.
Según informaron fuentes jurídicas, la recusación de Tardón supondrá el nombramiento de otro magistrado con arreglo a los criterios objetivos adoptados por la Sala de Gobierno del TSJM y el Consejo General del Poder Judicial para que el tribunal completado "decida lo que corresponda conforme a derecho". La vista pública quedó interrumpida por esta cuestión en la fase testifical.
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