Según se desprende de su declaración, el exconsejero de Deportes Alberto López Viejo, a quien se atribuye la contratación de cientos de actos con empresas de la Gürtel a cambio del cobro de comisiones, "no era en absoluto hombre de su total confianza". Aguirre negó que le prohibiera contratar actos con estas empresas, entre ellas Easy Concept. Además puso de manifiesto que ella no se ocupaba "de la organización de actos ni en el Gobierno ni en el Partido". "Mi gabinete jamás tuvo ningún contacto con las empresas de Correa", indicó.
"No me ocupaba de quién ponía la iluminación, el sonido para que pudiera enchufar las radios y televisiones, las sillas, las traseras, los atriles, etcétera. No creo que ningún presidente de empresa, alcalde, ministro o presidente autonómico sepa quién es el encargado de poner la megafonía en sus actos", dijo.
La expresidenta explica que su papel en los actos a los que asistía consistía en preparar las palabras que tenía que pronunciar, enterarse de las personas que iban a asistir, estudiar la situación social y política del municipio, distrito o barrio donde tenía lugar el acto y estudiar a fondo el tema del acto "para poder responder a las preguntas de los periodistas o a las quejas o propuestas de los vecinos". "Yo estaba segura de que todos los contratos de la Comunidad de Madrid se realizaban por los procedimientos legalmente establecidos", destaca Aguirre que desvela que ha conocido a posteriori que López Viejo "amenazaba" con su no asistencia a los actos "para vencer resistencias en el caso de que existieran". "Yo me quedo tranquila porque era raro. Yo había leído en algún sitio que esas empresas de las 'amistades peligrosas', que luego se han llamado 'grupo Correa', tenían algo que ver con paraísos fiscales", dice.
Fraccionamiento de contratos
Aguirre también aduce desconocimiento respecto al fraccionamiento de los contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid a las empresas de Correa para que no superaran el límite de 12.000 euros y evitar de este modo que se sometieran a concurso público. "Si lo hubiera sabido lo habría impedido", destaca antes de añadir que cuando tuvo conocimiento de esta situación, decidió "cesarle inmediatamente".
En las 48 páginas de declaración, Aguirre mantiene que se enteró de las actuaciones que llevaba a cabo López Viejo "por el auto del juez Garzón en febrero de 2009", cuando ordenó la detención de los principales cabecillas de la trama 'Gürtel'. "La medida que adopté fue exigirle la dimisión y ordenar que la Comunidad de Madrid se personara como acusación en el procedimiento", afirma.
En otro punto del interrogatorio la exjefa del Ejecutivo regional es cuestionada por más de un centenar de actos de la Comunidad de Madrid en los que participó que fueron fraccionados por López Viejo. En cinco ocasiones contesta: "Todos estos actos creo que se celebraron. Yo asistí a bastantes de ellos pero no me ocupaba de su contratación".
No tomaba decisiones
Aguirre también niega que tomara decisiones sobre "las modificaciones de carácter estético u operativo" que se producían en los eventos en los que participaba. Al ser preguntada si ordenó la instalación de gradas retráctiles en el acto del 2 de mayo de 2007, apunta: "Puede que en aquella fecha la Puerta del Sol estuviera levantada por las obras de la estación del tren de cercanías y, al tener que celebrar el desfile en la plaza, se hablara de este tipo de gradas, pero no lo recuerdo".
El abogado del presunto número dos de la trama, Pablo Crespo, también pregunta a Aguirre si conocía a Isabel Jordán, administradora de Easy Concept. "La he conocido por fotos que han aparecido de ella", responde. "¿Recuerda usted, incluso, cómo solicitaba a dicha señora consejos sobre maquillaje?", insiste el abogado de Crespo, Miguel Durán. "No", zanja la presidenta regional.
Aguirre califica en otro punto como "absolutamente falso" que la Comunidad de Madrid contraprogramara sus actos con la intención de que se celebraran antes que los del Ayuntamiento, que dirigía en aquellos años como alcalde el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Operación Arganda
La expresidenta madrileña también respondió a preguntas efectuadas sobre la supuesta adjudicación irregular de terrenos en la localidad madrileña de Arganda del Rey a la constructora Martinsa-Fadesa. A este respecto precisa que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta la citó en 2004 en la sede del partido y le advirtió en el despacho del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y "en su presencia" que en los ayuntamientos de Majadahonda y Arganda pretendían vender "parcelas edificables a un precio tasado".
"La advertencia del tesorero iba en la dirección de tratar de impedir que los ayuntamientos sufrieran una pérdida patrimonial importante porque el precio tasado es inferior al del mercado", recuerda la testigo, que indica que llamó "inmediatamente" a los alcaldes de los municipios. El entonces alcalde de Arganda, Ginés López, le indicó en una conversación telefónica que la parcela estaba ya adjudicada, a precio tasado, y que el procedimiento había sido absolutamente legal, con la unanimidad de todos los grupos políticos, destaca Aguirre.
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