Díaz Ferrán niega haber cometido un delito fiscal en el caso de las Aerolíneas Argentinas

En la mañana de este miércoles, también ha declarado el expresidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, que ha indicado que Hacienda "no ha reclamado nunca" a Air Comet por un delito fiscal y que esta compañía no debía tributar al fisco español por la compra de la aerolínea argentina. "Air Comet no recibió ni un peso, ni un euro, ni un dólar, absolutamente nada", ha añadido.

Mata, que fue presidente de Air Comet hasta que fue cesado en 2006 por "divergencias" con los consejeros, se ha expresado así en el primer juicio que sienta también en el banquillo de los acusados a Díaz Ferrán. Ambos se enfrentan a dos años y cuatro meses de cárcel por la compra de Aerolíneas y al pago de una indemnización de 99,04 millones de euros por el impago del Impuesto de Sociedades derivado de la operación.

El fiscal Miguel Ángel Carballo considera que Díaz Ferrán, el ex presidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, y su socio, el fallecido Gonzalo Pascual, debían pagar impuestos por los derechos de créditos obtenidos por valor de 272 millones de dólares que la Sociedad Estatal de Participaciones Preferentes (SEPI) otorgó a Interinvest, matriz de Air Comet, para saldar las deudas que acumulaba la firma argentina.

Mata, que presidía entonces Interinvest, ha detallado los pormenores de la operación. De esta forma, ha indicado que la SEPI entregó 300 millones de dólares a Interinvest para pagar a los acreedores y que Air Comet solo asumió la titularidad de los créditos para convertirse en el acreedor mayoritario y "salvar el patrimonio en el consejo de acreedores".

"Se necesitaba el voto de Air Comet porque Interinvest no podía votar y para eso SEPI autorizó que Air Comet adquiriera la titularidad de los créditos", ha indicado Mata, para enfatizar que sus sociedades actuaron en todo momento "de la mano" y siguiendo "instrucciones" de la agencia estatal y que, en todo caso, esta debería hacerse cargo de cualquier consecuencia fiscal.

"Si hubiéramos cometido alguna irresponsabilidad, SEPI nos hubiera reclamado algún importe y Hacienda no ha reclamado nunca a Air Comet por un delito fiscal", ha indicado el empresario, que ha defendido la legalidad de su proceder y ha puesto de relieve que Hacienda no inspeccionó a sus sociedades y que "la intención del Gobierno español y el argentino era que Aerolíneas Argentinas levantara cabeza".

En todo caso, Mata ha dejado claro que Interinvest no debía pagar impuestos por esta operación de acuerdo al derecho argentino y que "los acreedores recibieron dinero en mano por las deudas de Aerolíneas". "Estaban locos por cobrar", ha recalcado. "Los créditos se pagan al cien por cien. Sufrieron al final una quita del 60 por ciento pero no generó pérdidas para nadie", ha proseguido el acusado, para añadir que el Tribunal de Cuentas atestiguó que Air Comet "era una mandataria". Respecto a la expropiación de Aerolíneas por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008, ha señalado: "Cuando pierdes no te miran y cuando ganas te lo quitan como pasó con Repsol".

El fiscal pide, además, el pago de una multa conjunta de 99,04 millones de euros por impago del Impuesto de Sociedades de 2002, derivado de la operación de compra de la aerolínea argentina. La operación se realizó a través de las sociedades Air Comet y Segetur, cuya representación ostentaba Mata, Transportes de Cercanías, representada por Díaz Ferrán, y Autobuses Urbanos del Sur (Busursa), a cargo de Pascual. La Fiscalía considera a estas tres empresas responsables civiles del delito fiscal.

En noviembre de 2000, SEPI se hizo con el 99,2 por ciento de las acciones de Interinvest, sociedad domiciliada en Argentina, propietaria, a su vez, del 92,10 por ciento del capital de Aerolíneas Argentinas y del 90 por cientio de Austral, compañía aérea doméstica. Ambas arrastraban numerosas pérdidas.

El 2 de noviembre de 2001, la SEPI vendió sus acciones en Interinvest a Air Comet por el precio de un dólar estadounidense. El contrato fue firmado por el entonces presidente de la SEPI, Ignacio Ruz-Jarabo y por los tres acusados en nombre de Air Comet y las otras dos sociedades también accionistas de la aerolínea española.

En la estipulación novena del contrato, la SEPI asumía los pasivos de 300 millones de dólares (228,86 millones de euros) contraídos por Aerolíneas Argentinas y Austral. La sociedad estatal aportó dicha cantidad en una cuenta de la sociedad Interinvest para el pago de las deudas. Con este dinero, los tres socios de Air Comet pagaron deudas por valor de 272,87 millones de dólares (207,357 millones de euros), créditos que quedaron cedidos a Air Comet con el compromiso de aportarlos posteriormente al capital social de Aerolíneas Argentinas.

Esta operación hizo que el dinero aportado por la SEPI a la compañía española se considerara beneficio, por el que los acusados debían de haber declarado una cuota de 99,04 millones de euros de Impuesto de Sociedades.

Díaz Ferrán también está imputado en tres causas en la Audiencia Nacional, por apropiarse indebidamente de 4,4 millones de euros en la quiebra del Grupo Marsans y por simular la venta de sus empresas para eludir el pago a sus acreedores. Además, se le investiga como miembro del Consejo de Administración de Caja Madrid por la venta de preferentes. El Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid mantiene abierta otra causa en su contra por su participación en la quiebra de Seguros Mercurio.

El juicio ha finalizado con el traslado esposado de Díaz Ferrán a la cárcel de Soto del Real y se reanudará este jueves con la declaración de varios testigos, entre los que se ha pedido a representantes de la SEPI y al auditor Javier Estellés, "perfecto conocedor" de la contabilidad de Air Comet.

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