El Ayuntamiento de Madrid puso en marcha en 2004 el programa Madrid
Participa, "la primera experiencia española en consultas electrónicas
ciudadanas" cuyo objetivo era conocer las opiniones de los ciudadanos y
tenerlas en cuenta para definir las actuaciones a desarrollar en los
distritos. En estos nueve años se han realizado trece consultas, con un
coste medio de 45.200 euros cada una. La oposición municipal pone en
duda la eficacia de esta herramienta.
Las consultas, que buscan "estimular a los ciudadanos para que se sientan partícipes en el proceso de toma de decisiones", se han realizado mediante encuestas a pie de calle en los distritos y por vía telemática simultáneamente, según ha detallado el director general de Educación y Juventud,
Carlos Blanco, en la comisión ordinaria de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana celebrada este miércoles en la Casa de Cisneros. La participación ha sido del 2,74 por ciento de media (de 2.000 a 3.000 entrevistas, dependiendo de los casos). La concejal de UPyD
Cristina Chamorro ha dicho que, aunque su partido está a favor de un proceso abierto de participación vecinal, considera que hasta la fecha las consultas municipales están respondiendo a
objetivos más propagandísticos que a un acercamiento real a los problemas de la ciudadanía.
Las encuestas, dirigidas a mayores de 16 años, preguntan sobre la percepción general de la calidad de vida en los distritos y la valoración de los recursos municipales [
consulte el cuestionario que fue distribuido en el distrito de Fuencarral-El Pardo] y con los resultados se elaboran trípticos que posteriormente se distribuyen por los barrios [
consulte los del distrito de Salamanca en 2007]. Chamorro, que ha calificado de "loable" este "intento de acercamiento a los vecinos", pide que avance en la creación de una plataforma permanente de consultas ciudadanas.
La participación ciudadana en Madrid ha sido dirigida por más de media
docena de políticos en diez años. Con los últimos cambios en el
Ayuntamiento, el pasado mes de mayo, pasó a ser competencia del Área de Familia y Servicios Sociales.
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