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Enrique Ossorio, Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid
Enrique Ossorio, Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid

La Comunidad afronta 1.058 millones de deuda

Por MDO/E.P.
jueves 04 de julio de 2013, 20:14h
La Comunidad de Madrid tiene una deuda pendiente de pago de 1.058,88 millones de euros, situándose en el quinto lugar entre las comunidades autónomas españolas, según la memoria de impacto normativo del decreto ley de Medidas Urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

El Ejecutivo de Rajoy estima que la última fase del plan de pago a proveedores municipales y autonómicos requerirá de 19.350 millones de euros como máximo. En cualquier caso, según el Gobierno, ""no supondrán un incremento de gasto público ni tendrán incidencia sobre el déficit", ya que se articularán como una mera transformación de deuda comercial ya reconocida en deuda financiera.

De esos 19.350 millones de euros, 15.324 corresponderán a facturas de las comunidades autónomas, y los restantes 4.017 millones, a facturas de las administraciones municipales. Estas necesidades de financiación del fondo de pago a proveedores serán "absorbidas mediante operaciones de deuda" del propio fondo, lo que podrá incluir operaciones de endeudamiento con el Tesoro.

Así, el mecanismo extraordinario de financiación a los proveedores de las comunidades autónomas y entidades locales permitirá la cancelación de operaciones pendientes de pago que fueran liquidadas, vencidas y exigibles antes del 31 de mayo, incluyendo en este caso las indemnizaciones por expropiaciones reconocidas por sentencia judicial firme y las transferencias a asociaciones sin ánimo de lucro dedicadas a las familias, los discapacitados o la tercera edad, así como las universidades públicas, como se especifica en el documento.

Según la memoria, las estimaciones de deuda pendiente de pago por comunidades autónomas son de 3.812,82 millones de la Comunidad Valenciana, 2.529,71 millones de Andalucía, 2.257,25 millones de Cataluña, 1.283,77 millones de Castilla-La Mancha y 1.058,88 millones de la Comunidad de Madrid.

Por debajo de la capital se encuentra la Región de Murcia con 885,72 millones, 832,34 millones de Baleares, 495,62 millones de Aragón, 481,59 millones de Galicia, 366,47 millones de Extremadura, 325,23 millones de Castilla y León, y 317,72 millones del País Vasco. Las menores cuantías corresponden por tanto a Canarias (269,71 millones), al Principado de Asturias (152,08 millones), a Cantabria (116,8 millones), La Rioja (77,04 millones) y Navarra (61,45 millones).



Deudas con la universidad y el sector farmacéutico
En cuanto al origen de las deudas, la mayor concentración de facturas pendientes de pago a farmacias se sitúa en Valencia (191,72 millones), Cataluña (169,95 millones), Murcia (125,36 millones) y País Vasco (123,22 millones); mientras que las universidades públicas mantienen las principales deudas con la administración en Andalucía (500 millones), Cataluña (226,32 millones) y la Comunidad Valenciana (208,69 millones).

Las regiones más saneadas en este sentido son el Principado de Asturias, que no tienen pendientes pagos ni con farmacias ni con universidades; Extremadura que debe 1,84 millones a farmacias y 10.000 euros a universidades, y Cantabria  que adeuda 471,73 millones a farmacias y nada a las universidades.


Ayuntamientos endeudados
Con respecto a las entidades locales, tienen un pendiente de pago estimado a 31 de mayo de este ejercicio de 3.369,42 millones de euros, a los que hay que sumar otros 648,45 millones de euros por sentencias y transferencias. No obstante, 1.765,78 millones de ese total corresponden a transferencias autonómicas.

Para aliviar la situación de las arcas municipales, el Gobierno estatal ha incluido en este decreto varias medidas extraordinarias "temporales y voluntarias" de liquidez, de las que se podrán beneficiar 536 ayuntamientos que están al corriente de sus obligaciones de remisión de información.

Además, deben cumplir algunos de los otros requisitos, como que tengan ahorro neto y remanente de tesorería negativo para gastos generales en los últimos dos años, o que mantengan deudas con acreedores públicos pendientes de compensación mediante retenciones tributarias superiores al 30% de sus ingresos no financieros, entre otros.

El Ejecutivo nacional prevé que para estos municipios se tenga que autorizar un endeudamiento a largo plazo para financiar remanente de tesorería negativo y consolidar deuda a corto plazo por un importe máximo de 2.610,6 millones de euros, además de financiar 2.329,1 millones más desde el Gobierno central.

En concreto, esa cantidad se planteará en forma de anticipos de la participación en los tributos del Estado, reducciones de porcentajes de retención, fraccionamiento o aplazamiento para el pago de deudas con acreedores públicas, o ampliación del periodo de reintegro hasta 108 mensualidades a partir de enero de 2013 de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009.

"Los citados impactos tienen carácter de máximos posibles, ya que no se aplicarán todas las medidas recogidas a todos los municipios, sino que lo serán atendiendo a la situación financiera en la que se encuentren, al volumen de deuda que presenten frente a acreedores públicos, y a su volumen de deuda financiera", se apostilla en la memoria.

El primer plan de pago a proveedores municipales atendió 1,8 millones de facturas de 3.777 ayuntamientos por un importe total de 9.598,34 millones de euros, que beneficiaron a 77.787 pymes y 40.510 personas físicas. Por su parte, la segunda fase del plan ha satisfecho a 3,8 millones de facturas autonómicas por valor de 17.704,96 millones de euros que estaban pendientes de pago con 20.936 pymes y 7.594 personas físicas.

 

Más información:
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