El
Ejecutivo de Rajoy estima que la última fase del plan de pago a proveedores
municipales y autonómicos requerirá de 19.350 millones de euros como máximo. En
cualquier caso, según el Gobierno, ""no supondrán un incremento de gasto
público ni tendrán incidencia sobre el déficit", ya que se articularán
como una mera transformación de deuda comercial ya reconocida en deuda
financiera.
De esos 19.350
millones de euros, 15.324 corresponderán a facturas de las comunidades
autónomas, y los restantes 4.017 millones, a facturas de las administraciones
municipales. Estas necesidades de financiación del fondo de pago a proveedores
serán "absorbidas mediante operaciones de deuda" del propio fondo, lo
que podrá incluir operaciones de endeudamiento con el Tesoro.
Así, el
mecanismo extraordinario de financiación a los proveedores de las comunidades
autónomas y entidades locales permitirá la cancelación de operaciones
pendientes de pago que fueran liquidadas, vencidas y exigibles antes del 31 de
mayo, incluyendo en este caso las indemnizaciones por expropiaciones
reconocidas por sentencia judicial firme y las transferencias a asociaciones
sin ánimo de lucro dedicadas a las familias, los discapacitados o la tercera
edad, así como las universidades públicas, como se especifica en el documento.
Según la
memoria, las estimaciones de deuda pendiente de pago por comunidades autónomas
son de 3.812,82 millones de la Comunidad Valenciana, 2.529,71 millones de
Andalucía, 2.257,25 millones de Cataluña, 1.283,77 millones de Castilla-La
Mancha y 1.058,88 millones de la Comunidad de Madrid.
Por debajo de la capital se encuentra la Región de Murcia con 885,72 millones, 832,34
millones de Baleares, 495,62 millones de Aragón, 481,59 millones de Galicia,
366,47 millones de Extremadura, 325,23 millones de Castilla y León, y 317,72
millones del País Vasco. Las
menores cuantías corresponden por tanto a Canarias (269,71 millones), al
Principado de Asturias (152,08 millones), a Cantabria (116,8 millones), La
Rioja (77,04 millones) y Navarra (61,45 millones).
Deudas
con la universidad y el sector farmacéutico
En cuanto
al origen de las deudas, la mayor concentración de facturas pendientes de pago
a farmacias se sitúa en Valencia (191,72 millones), Cataluña (169,95 millones),
Murcia (125,36 millones) y País Vasco (123,22 millones); mientras que las
universidades públicas mantienen las principales deudas con la administración
en Andalucía (500 millones), Cataluña (226,32 millones) y la Comunidad
Valenciana (208,69 millones).
Las
regiones más saneadas en este sentido son el Principado de Asturias, que no
tienen pendientes pagos ni con farmacias ni con universidades; Extremadura que debe
1,84 millones a farmacias y 10.000 euros a universidades, y Cantabria que adeuda 471,73 millones a farmacias y nada
a las universidades.
Ayuntamientos
endeudados
Con
respecto a las entidades locales, tienen un pendiente de pago estimado a 31 de
mayo de este ejercicio de 3.369,42 millones de euros, a los que hay que sumar
otros 648,45 millones de euros por sentencias y transferencias. No obstante,
1.765,78 millones de ese total corresponden a transferencias autonómicas.
Para
aliviar la situación de las arcas municipales, el Gobierno estatal ha incluido
en este decreto varias medidas extraordinarias "temporales y voluntarias"
de liquidez, de las que se podrán beneficiar 536 ayuntamientos que están al
corriente de sus obligaciones de remisión de información.
Además,
deben cumplir algunos de los otros requisitos, como que tengan ahorro neto y
remanente de tesorería negativo para gastos generales en los últimos dos años,
o que mantengan deudas con acreedores públicos pendientes de compensación
mediante retenciones tributarias superiores al 30% de sus ingresos no
financieros, entre otros.
El
Ejecutivo nacional prevé que para estos municipios se tenga que autorizar un
endeudamiento a largo plazo para financiar remanente de tesorería negativo y
consolidar deuda a corto plazo por un importe máximo de 2.610,6 millones de
euros, además de financiar 2.329,1 millones más desde el Gobierno central.
En
concreto, esa cantidad se planteará en forma de anticipos de la participación
en los tributos del Estado, reducciones de porcentajes de
retención, fraccionamiento o aplazamiento para el pago de deudas con acreedores
públicas, o ampliación del periodo de reintegro hasta 108
mensualidades a partir de enero de 2013 de las liquidaciones negativas de 2008
y 2009.
"Los
citados impactos tienen carácter de máximos posibles, ya que no se aplicarán
todas las medidas recogidas a todos los municipios, sino que lo serán
atendiendo a la situación financiera en la que se encuentren, al volumen de
deuda que presenten frente a acreedores públicos, y a su volumen de deuda
financiera", se apostilla en la memoria.
El primer
plan de pago a proveedores municipales atendió 1,8 millones de facturas de
3.777 ayuntamientos por un importe total de 9.598,34 millones de euros, que
beneficiaron a 77.787 pymes y 40.510 personas físicas. Por su parte, la segunda
fase del plan ha satisfecho a 3,8 millones de facturas autonómicas por valor de
17.704,96 millones de euros que estaban pendientes de pago con 20.936 pymes y
7.594 personas físicas.
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