Así lo ha explicado el presidente de la Confederación, Isidro Díaz de Bustamante, para subrayar que la denuncia también se ha presentado por la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada (Asociación de Clínicas Privadas de Madrid) y se circunscribe, además, a las declaraciones que ha efectuado Gómez para informar sobre la remisión de este burofax. En este sentido, se adjunta también en la denuncia diversas noticias para conocimiento de la Fiscalía.
De Bustamante ha relatado que el objetivo de esta medida es actuar ante una actuación política que genera "grave inseguridad jurídica" a las empresas, atenta contra el libre comercio, supone un "presunto delito de coacciones" a las compañías que quieren invertir en la sanidad e implica "criminalizar a la sanidad privada". El presidente de esta patronal ha remarcado que Gómez ha llegado a manifestar que si llega al poder en la Comunidad revertiría las 'externalizaciones' y que luego las empresas no podrían reclamar lucro cesante, algo que se enmarca a su juicio en los cuatro ejes en los que se articula la denuncia. La denuncia expone que una parte significativa de los miembros de la Confederación y la Asociación han recibido este burofax, que a su juicio tiene un "matiz eminentemente coactivo" y que perseguía "intimidar" a las empresas en caso de que optaran al proceso de externalización.
Aparte, considera que la actuación de Gómez no solo supone una "amenaza" a los miembros de la Asociación y la Confederación, sino que daña a "todo el sector sanitario" y causa un "grave perjuicio" para la ciudadanía, para los propios profesionales de la sanidad y para la economía nacional.
"Se criminaliza el sector privado"
Por tanto, la confederación entiende que con esta denuncia intentan que se respete la "seguridad jurídica" que viene marcada por la legalidad de un concurso público. "Bienvenido sea quien invierta para que la sanidad siga siendo pública (...) En un país democrático no podemos asustar a quien trae dinero", ha comentado el presidente de la patronal. Además, ha manifestado que valoraría positivamente que otras patronales actuarán en el mismo sentido que su confederación y ha recordado que el presidente de la Comisión de Sanidad de CEIM, Juan López-Belmonte, expresó que sopesaba llevar a la Justicia también a Gómez.
El Tribunal de Contratación rechaza el recurso de IU
Por otro lado, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz de la Comunidad, Salvador Victoria, ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, organismo dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda,ha rechazado el recurso presentado por Izquierda Unida que instaba a la nulidad y la suspensión de los pliegos. A su juicio, este hecho demuestra que el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales madrileños se está llevando a cabo "con total transparencia".
Victoria también ha aprovechado para arremeter contra el líder del PSM, Tomás Gómez, por su actitud en este proceso acusándole de seguir "una estrategia de atemorizar a los usuarios de la sanidad pública" con el "propósito de entorpecer las medidas del Gobierno que garantizarán la sostenibilidad del sistema sanitario".
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