Los tres jueces que forman el tribunal del 11-M, Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás, firmaron este miércoles una providencia en la que aclaran que el acusado Mahmoud Slimane Aoun, detenido el miércoles por la tarde por agentes de Extranjería en virtud de un decreto de expulsión de España después de haber sido puesto en libertad provisional, no puede ser expulsado del territorio nacional ya que se encuentra sujeto a un proceso penal.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respondió con esta providencia a la consulta de la Policía de Extranjería en la que se solicitaba su visto bueno para continuar con el procedimiento de expulsión de Slimane.
El acuerdo explica que este procesado está sujeto a procedimiento penal por diferentes delitos, ya que tanto la Asociación de Víctimas del 11 de Marzo como una de las acusaciones particulares le consideran responsable de un delito de conspiración para el homicidio terrorista, mientras que la Fiscalía y el resto de acusaciones piden que sea condenado por colaboración con organización terrorista.
"Todos estos delitos tienen previsto en la ley una pena superior a 6 años de prisión, por lo que no procede autorizar la expulsión del territorio nacional del procesado", en función de la Ley de Extranjería, añaden los magistrados.
En libertad en España
Así, Slimane Aoun será puesto en libertad en los próximos días previo visto bueno de la Fiscalía y no podrá ser expulsado mientras continúe imputado por los delitos de los que se le acusa en relación con el atentado cometido el 11 de marzo de 2004 en Madrid, explicaron fuentes jurídicas.
El decreto de expulsión tampoco podría hacerse efectivo en el caso de que el acusado fuera absuelto en sentencia si esta fuera recurrida por alguna de las partes, añadieron estas fuentes.
El tribunal especifica que paraliza la expulsión ya que no concurre, en el caso de Slimane Aoun, el presupuesto previsto en el artículo 57 de la Ley de Extranjería por el que se admitiría su salida del territorio nacional español únicamente en el caso de que el acusado se encontrara procesado por delitos o faltas con penas previstas inferiores a seis años.
La Fiscalía pidió para este acusado una pena de 13 años y otras acusaciones piden penas incluso superiores, como es el caso de la Asociación Ayuda a las Víctimas del 11-M y la integrada por doña María Isabel Ruiz Borrallo.
A la espera de la Audiencia
Por otro lado, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, ha confirmado que Mahoud Slimane Aoun permanece en las dependencias de la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía de Toledo "a la espera de que el juez de la Audiencia Nacional tome la decisión que crea más oportuna, es decir, si se hace efectiva la expulsión o se le mantiene en la situación que él determine para exigirle las responsabilidades convenientes".
El acusado, que se encuentra este miércoles en Toledo, fue primeramente puesto en libertad provisional, desde la Cárcel de Ocaña (Toledo) y tras cumplir tres años de prisión preventiva, por orden de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Sin embargo, en la misma tarde de este martes, Agentes de Extranjería lo detuvieron por tener pendiente un decreto de expulsión de España a El Líbano, que fue emitido en abril de 2005 por la Subdelegación del Gobierno de Jaén.
"Habitual"
En este sentido, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha recalcó que es "habitual" que cada vez que se va a producir la puesta en libertad de un recluso con causas pendientes, Instituciones Penitenciarias notifique a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad esa situación para poder exigir "inmediatamente" las mismas.
De esta forma, "se comunicó la puesta en libertad de esta persona y una vez que se le puso en libertad, se le detuvo para hacer efectiva dicha orden, dijo Díaz-Cano, y en ese momento también se le notificó al juez de la Audiencia Nacional, que había dictado su libertad provisional.
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