Mantienen la pena de 8 años para una presunta integrante del GRAPO

Según el escrito del fiscal, la acusada se presentó sobre las ocho de la tarde del 10 de junio de 1999 en la sede del PSOE situada en la calle Concordia de Madrid "con ánimo de alterar gravemente la paz pública durante la campaña electoral para las elecciones municipales, autonómicas y europeas".

La procesada colocó supuestamente un artefacto explosivo en los lavabos de señoras instalados en la primera planta del edificio, preparado para que hiciera explosión horas después, como así ocurrió, causando daños valorados en 901,51 euros. Sobre las doce de la mañana del día siguiente se recibió una llamada en el centro de emergencias 112 de Madrid, en la que una mujer no identificada comunicaba, en nombre del GRAPO, que había una bomba colocada en el número 6 de la calle Concordia.

Durante el juicio, testificaron dos ciudadanos que colaboraban en el momento de los hechos con el Partido Socialista y reconocieron a la acusada como una mujer "desconocida" que estuvo en la sede vallecana la tarde anterior a la explosión.

Mario T. explicó al tribunal que la acusada dijo ser miembro de "un pequeño partido de izquierdas instalado en la zona" y aseguró que "quería mantener una reunión con el PSOE e IU".

Según el informe pericial de la Policía, el artefacto casero encontrado en los lavabos "tenía características que coincidían con los que el GRAPO solía colocar en esos momentos". El fiscal incidió en sus conclusiones definitivas en valorar la "actitud procesal de la acusada" basada en el silencio como un "elemento indiciario de la participación en el hecho delictivo". La defensa, por su parte, pidió la libre absolución de María Ángeles Ruiz Villa por considerar que no ha quedado acreditada su pertenencia a la banda terrorista durante la vista oral.

Ruiz Villa fue detenida el 18 de julio de 2002 en París junto a otros militantes de los GRAPO, que entonces formaban la dirección reconstituida de la banda, y el Tribunal Correccional de París la condenó en enero de 2006 a seis años de prisión por un delito de asociación de malhechores con fines terroristas.