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Yáñez aseguró que la orden de privatizar salió de la cúpula del PP

El 'caso funeraria' contará este martes con la declaración del ex gerente

lunes 16 de julio de 2007, 00:00h
El ex gerente de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, Francisco José Yáñez, declarará este martes ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial Madrid, encargada de enjuiciar si hubo delito en la presunta privatización irregular de la funeraria municipal a manos de Funespaña, que adquirió el 49% de las acciones de la compañía por sólo 0,6%, informaron hoy a Europa Press fuentes jurídicas.
Yáñez es el principal testigo de cargo de la Fiscalía de Madrid, que sostiene que el ex diputado popular Luis María Huete y los ex concejales del PP Antonio Moreno y Simón Viñals se pusieron de acuerdo para poner cuanto antes la gestión de la Empresa Mixta a cargo de una empresa privada que fuera de su particular "agrado y confianza", aceptando "cualquier perjuicio económico para las arcas del Ayuntamiento".

A pesar de que varios imputados apuntaron a Yánez como la persona que tomó las decisiones respecto a la venta de la compañía, la tesis del fiscal Anticorrupción, José Grinda, mantiene que los imputados desatendieron "los requerimientos y las propuestas" del gerente para adoptar soluciones a mejorar o simplemente no empeorar de modo innecesario la situación financiera de la empresa.

En la instrucción del caso, el ex gerente de la funeraria, cesado en 1992 por oponerse a la venta, declaró que la orden de privatizar salió de la cúpula del PP y, en concreto, señaló a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, como la "promotora" del proceso. Además, desveló que la venta se produjo "cuando se esperaban ingresos cuantiosos" para la Empresa Mixta.  

Funespaña: "la opción menos mala"
Por el contrario, Huete y Viñals "se dispusieron directamente a preparar la privatización del servicio funerario" conforme a su "propia y particular voluntad", por lo que optaron por darle forma jurídica de un concurso público. En un breve espacio de tiempo, tres empresas se presentaron al concurso, siendo la de Funespaña la elegida por ser "la opción menos mala", según manifestó Huete ante el tribunal.

Durante su declaración, el ex concejal de Sanidad apuntó a Yáñez como el responsable directo de la privatización. Explicó que en marzo de 1992 mantuvo una charla con el que sería al cabo de unos meses presidente de Funespaña, José Ignacio Rodrigo, otro de los nueve acusados por este procedimiento, a quien comentó "los problemas" que sufría la funeraria por el temor de perder el monopolio en los servicios funerarios de la Comunidad.

Rodrigo le dijo entonces que tenía "conocimientos suficientes para lograr que el monopolio no se extinguiera", por lo que le puso en contacto con Yánez. "Yo envié a Rodrigo a ver al gerente y a partir de ahí hicieron sus contactos", manifestó Viñals a la Sala, desvinculándose de cualquier tipo de responsabilidad en la venta.

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