La comisión de Empleo, Turismo y Cultura de la Asamblea de Madrid ha dado este miércoles el visto bueno al anteproyecto de ley de Patrimonio Histórico que suprime cualquier tipo de trabas que pueden tener futuros proyectos económicos en edificios históricos de la región garantizando su protección.
De este modo, el anteproyecto de Ley ha salido adelante con los únicos votos del PP. Ahora será debatida en pleno y establece que el Gobierno regional asesorará a los promotores de nuevos proyectos económicos para hacerlos compatibles con la protección de los edificios desde un comienzo con el fin de ahorrar en trámites y modificaciones posteriores.
Con el anteproyecto se establecerán dos niveles de protección: un régimen de BIC (Bien de Interés Cultural) y un segundo régimen de protección equivalente a los bienes incluidos actualmente en inventario, que pasa a denominarse Bienes de Interés Patrimonial (BIP).
Los procesos de protección de los BIC y BIP quedarán en manos de la Comunidad, mientras que los consistorios velarán por la protección del resto de los inmuebles catalogados que puedan tener valor histórico, con independencia del año de construcción. Asimismo, los propietarios de inmuebles situados en el entorno de edificios y lugares protegidos podrán realizar obras en el interior de sus edificios sin autorización.
Por otra parte, la Comunidad deberá contestar en un máximo de dos meses a las solicitudes de intervención en cualquier BIC o BIP y si no hay respuesta, el silencio administrativo será negativo para los BIC y positivo para los BIP.
El Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda con la que quieren asegurarse las inversiones de 18.000 millones de euros comprometidas por el magnate Sheldon Adelson para la instalación del proyecto Eurovegas en Alcorcón.
Por parte del PSOE, la portavoz en la materia, Encarnación Moya, ha explicado que están en contra de esta reforma de la Ley de Patrimonio, ya que ampara "la arbitrariedad de la administración, que podrá informar o no en función de lo que le interese".
Además, ha indicado que se trata de "un conjunto de medidas destinadas a desvirtuar a ley actual" y que únicamente tiene fines económicos o especulativos, sean de mayor o menor dimensión. En este sentido, ha hecho referencia a la enmienda que podría afectar a Eurovegas y, en tono de broma, ha señalado que este proyecto de ley se debería llamar Ley de Regulación de Casinos y Patrimonio Histórico y no tan solo de Patrimonio.
Por su parte, el diputado de IU, Joaquín Sanz, ha opinado que este anteproyecto de ley abusa del silencio positivo administrativo, que puede convertirse en un barra libre y ha criticado la "eliminación del dominio público del patrimonio arqueológico inmueble" porque, en su opinión es algo que, incluso "vulnera la Constitución".
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