El comité de empresa de Telemadrid ha exigido en un comunicado la convocatoria inmediata de una mesa de negociación para readmitir a los trabajadores despedidos por el ERE aplicado en el ente público, que el TSJM consideró "no ajustado a derecho".
En el comunicado, los sindicatos que forman el comité de empresa afirman que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid "da
la razón a los trabajadores y, por tanto, declara ilegal, no ajustado a derecho, el despido colectivo". Sin embargo, el presidente regional, Ignacio González, ya advirtió que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
supondrá "mayores indemnizaciones", pero no readmisiones.
Sin embargo, en el mismo comunicado, los representantes de los trabajadores anuncian que se dirigirán al presidente de la Comunidad de Madrid y al director general y al presidente del consejo de administración de Telemadrid para emplezarles a la apertura de un proceso "en el que se aborde
un plan que contemple las condiciones de la readmisión de la plantilla despedida, a la vez que asegure la viabilidad futura de la empresa".
Además, el concejal del PSM Miguel Aguado ha solicitado el cese o la dimisión del director general del ente público, José Antonio Sánchez, y "responsabilidades políticas" del máximo responsable, que a su juicio es Ignacio González. "Ignacio González es el que ha hecho y desecho y dirigido lo que ahí se ha llevado a cabo", ha sostenido el socialista, quien ha considerado que los despidos se hicieron de manera "arbitraria y subjetiva" y se despidió "a todos los que molestaban".
Asimismo, ha destacado que "el coste de esta vuelta atrás es altísimo" y lo cifró en torno a
65 o 75 millones de euros. No obstante, ha denunciado que es "fácil pagar la chulería con la chequera pública" y no readmitir a los trabajadores como ellos solicitan, un objetivo que ha considerado "loable".
Las readmisiones, "improbables"
Por su parte, la portavoz del PP en la comisión de control del ente público, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado que si tuvieran que hablar de la
readmisión de todos los trabajadores, cosa
"completamente improbable desde el punto económico y legal", no se hubieran metido en este proceso.
"No es ni mucho menos el ente el que tiene que rehacer una hoja de ruta que ha sido perfectamente avalada por esta sentencia", ha destacado la parlamentaria, quien ha negado que el proceso sea más caro que lo que sucedía hasta ahora; ya que hasta este momento "el 65 por ciento del presupuesto de la cadena iba a gastos de personal" y ahora si no es en un año,
en dos o tres la situación será "mucho más solvente".
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