Racionalizar empresas municipales

No es noticia a estas alturas que la deuda financiera estrangula al Ayuntamiento de Madrid, hasta tal punto que no sólo afecta a sus posibilidades de inversión y, por lo tanto de contribución al desarrollo económico de la ciudad, sino que ha condicionado, y mucho, la evolución del gasto corriente, que se ha recortado de forma considerable en los dos últimos años y ha provocado además que Madrid se convierta en ejemplo paradigmático de administración morosa.

Fue precisamente la necesidad imperiosa de hacer frente a los más de mil millones de deuda comercial lo que motivó que en 2012 el Ayuntamiento se viera obligado a implantar un Plan de Ajuste que compromete el gasto y la inversión municipales nada menos que por un período de diez años.

Este Plan de Ajuste se ha traducido en un continuo goteo de recortes cuyo objetivo ha sido cambiarlo todo para que nada cambie. Se han recortado las ayudas de especial necesidad, las políticas de empleo, los sueldos de los funcionarios… Sin embargo, poco se ha hecho por modificar la compleja estructura municipal, que, además de organigramas inflados y repletos de cargos directivos de dudosa necesidad y designación poco transparente, integra una serie de sociedades mercantiles que ahora se encuentran en el punto de mira.

Desde su entrada en el Ayuntamiento de Madrid, el Grupo Municipal de UPyD ha reclamado, sin éxito, una racionalización del sector público municipal, racionalización que finalmente en julio de 2012 la alcaldesa Botella terminó prometiendo que presentaría en septiembre de ese año.

Los únicos movimientos apreciables que se han producido han sido la fusión de los dos entes relacionados con el Turismo (el antiguo organismo autónomo Patronato de Turismo y la sociedad municipal Promoción Madrid), que dio lugar al nacimiento de una nueva empresa pública municipal, Madrid Visitors & Convention Bureau, y la anunciada fusión de esta empresa, a su vez, con la sociedad municipal de gestión cultural, Madrid Arte y Cultura, S.A. (MACSA).

Han pasado ya seis meses del plazo que se dio la propia alcaldesa, y no hemos vuelto a tener noticia del Plan que prometió. Entre tanto, los acontecimientos se han desbordado y han afectado precisamente al sector público municipal, sobre todo a Madrid Espacios y Congresos, tocada y hundida por la tragedia del Madrid Arena, y a MACSA, afectada por un ERE que acabó en escándalo por la gestión autoritaria e irreflexiva del Delegado de Las Artes, Fernando Villalonga.

Mientras tanto, parece que el Ayuntamiento ha optado por la forma más fácil y rápida de reducir gastos: destruir empleo. Así, una vez cerrado el mencionado ERE de MACSA, se nos anuncia otro, inminente, en Madrid Espacios y Congresos. Sabemos aún muy poco de este proceso, que parece que puede afectar al 50 % de la plantilla. Cabe preguntarse cómo se piensa no ya incrementar, sino simplemente mantener el volumen de negocio de Madrid Espacios y Congresos con este drástico recorte de personal. Después de todo, se supone que Madrid Espacios y Congresos es una pieza clave para el que a día de hoy parece el único proyecto del Partido Popular para Madrid: la candidatura olímpica (que, por otra parte, se halla en el origen de la mayor parte de los problemas financieros que afectan a la ciudad, aunque eso es tema para otro día). Se ha hablado de privatización, de la posibilidad de ceder la gestión de los espacios a terceros… Hay que recordar que esta sociedad gestiona espacios que necesitan de inversiones importantes para su puesta al día. De momento, ya se han invertido más de 900.000 euros para acondicionar el Palacio Municipal de Congresos, cuya reapertura se ha anunciado para el mes de abril, y se está realizando una auditoría para identificar las reformas necesarias, también con dinero público, en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. ¿Éste es el horizonte que se nos propone, inversión pública y destrucción de empleos para ceder después las instalaciones al sector privado?

Y no son sólo MACSA y Madrid Espacios y Congresos; se rumorea que también se va a emprender un ERE en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.

Esto no es lo que se nos prometió. Es indispensable acometer la racionalización del sector público, pero debe hacerse de forma planificada y, sobre todo, transparente. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid debe explicitar los objetivos que se persiguen, las medidas que se van a emprender y el calendario que se maneja, y debe también informar pública y claramente sobre el resultado final que se espera obtener; en definitiva, sobre el modelo de ciudad que nos está proponiendo. Los madrileños merecen saber qué empresas se quiere mantener con sus impuestos y con qué dimensión, objeto social y perspectivas de viabilidad. Y también merecen saber que los esfuerzos que se les solicitan, y que combinan incremento de la presión fiscal y encarecimiento de los precios y tasas públicos con una prestación de servicios cada vez más deficiente, no van a terminar en la privatización del patrimonio municipal.

Patricia García.
Concejala de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid.