"No podemos gastar lo que no tenemos, entre otras razones porque nadie nos lo da". Esta máxima tan habitual en las ruedas de prensa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sirvió nuevamente en el mes de julio para anunciar una batería de medidas de lucha contra el déficit, traducidas una vez más en nuevos recortes.
El 11 de julio de 2012, el presidente del Gobierno compareció ante el Pleno del
Congreso de los Diputados para informar de los acuerdos anticrisis alcanzados en el
Consejo Europeo celebrado en Bruselas dos semanas atrás. En el ambiente se palpaba que habría anuncios importantes,
"decisiones difíciles" como las calificó el propio líder del Ejecutivo, tras la
moratoria de un año concedida por la UE para reducir el déficit hasta el 3%.
Y no se hicieron esperar:
subida del IVA, reducción de la
prestación por desempleo a partir de los seis meses, eliminación de la
paga de Navidad a funcionarios y cargos públicos o la
supresión de la deducción por la compra de vivienda. Una serie de medidas que, a pesar de mermar el poder adquisitivo del ciudadano medio, contribuirían a incrementar los ingresos del Estado en
65.000 millones de euros, según las estimaciones de Rajoy,
.
Para ello, el Ejecutivo decidió subir el
IVA tres puntos, hasta el 21%, el tipo reducido dos puntos (del 8% al 10%) y mantiene el
tipo superreducido en el 4%. El Gobierno redujo también las
cotizaciones a la Seguridad Social y disminuyó la cobertura de
dependencia, revisando tanto su baremo como las prestaciones económicas.
Uno de los
colectivos más afectados por los recortes fue el de los
funcionarios de todas las administraciones, para los que se anunció una eliminación de la
extra de Navidad, una reducción de los días de libre disposición –los conocidos
moscosos-, una mayor
movilidad de los empleados públicos y una disminución de los liberados sindicales a lo estrictamente dispuesto en la ley.
La
Administración local se convirtió en otro objeto del
'tijeretazo' del Gobierno con la
supresión del 30% el número de concejales de los más de 8.000 ayuntamientos españoles, la
homogeneización de sueldos de alcaldes y concejales según las características del municipio y la reducción de
600 millones en subvenciones a ayuntamientos y comunidades autónomas.
Los anuncios de Rajoy recibieron el
aplauso unánime del empresariado madrileño. "Me han alegrado las reformas porque coinciden con lo que los empresarios venimos reclamando", subrayaba el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (Ceim),
Arturo Fernández. El Gobierno ha iniciado el camino, pero hay que seguir avanzando en esa dirección", sentenciaba.
Sin embargo, la
impopularidad de las medidas generó inmediatamente una
gran concentración de protesta frente al Congreso de los Diputados, obligando a la i
ntervención de la Policía. Tanto el presidente del Gobierno como otros ministros de su Gabinete debieron abandonar la sede parlamentaria
por la puerta de atrás, en la calle Zorrilla, una salida poco habitual para las autoridades. "Ladrones", "El próximo parado, que sea un diputado", "Ahí está la cueva de Alí Babá" (por el Congreso), fueron algunos de los gritos más coreados en aquella jornada.
El
descontento con el paquete de ajustes era tal que, apenas un día después, los sindicatos
apuntaron a una nueva huelga general, que llegaría en el mes de
noviembre, ante lo que los sindicatos consideraron una
"agresión sin precedentes" y un "ataque a la democracia y al Estado Social".
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