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El Gobierno fija el umbral de renta para evitar el desahucio en 19.200 euros anuales

jueves 15 de noviembre de 2012, 00:00h
El Gobierno ha aprobado este jueves un real decreto para frenar los desahucios de las personas más vulnerables mediante el que se creará un parque de viviendas sociales con un alquiler barato para personas desahuciadas. El Ejecutivo ha fijado el umbral de renta para acogerse a estas medidas en 3 veces el IPREM, un total de 19.200 euros contabilizado en doce pagas, es decir, 1.597 euros al mes.
El Gobierno ha aprobado este jueves dos medidas para proteger a deudores hipotecarios y para paliar la situación de los que ya han sido desalojados de sus viviendas. Por un lado ha aprobado un Real Decreto por el que se fijan las condiciones para poder evitar el desahucio, con una moratoria de dos años, estableciendo el tope de renta en 19.200 euros anuales y por otro, se compromete a crear de manera urgente un parque de viviendas en alquiler, con una renta baja, para realojar a gente que se haya quedado sin casa. Estas viviendas provendrán de las que tienen las entidades financieras.

Según la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, estas medidas de carácter "urgente" se adoptan en una primera fase para "paliar" los problemas de colectivos con especial vulnerabilidad. Después, en una segunda fase, el Gobierno abordará con los grupos parlamentarios el establecimiento de "nuevos umbrales" para la aplicación del Código de Buenas Prácticas que determinen la entrada en procesos de reestructuración de la deuda, de quita o, en su caso, de dación en pago.

Sáenz de Santamaría recordó que estas posibilidades ya existen en el Código de Buenas Prácticas que el Gobierno aprobó en marzo pasado, pero ahora, dijo, se trata de "revisar en qué circunstancias económicas y de valor de las viviendas se puede ampliar el Código de Buenas Prácticas". Este Código fijaba en un precio máximo de 200.000 euros las viviendas que se podían acoger al fondo.

Además, la portavoz del Gobierno anunció que "también se mejorarán aspectos importantes como las subastas, los asuntos relativos a los intereses de demora -ahora en el 20 por ciento en muchos casos-, mecanismos para dar mayor independencia a las sociedades de tasación frente a los bancos a la hora de tasar la vivienda, la posibilidad de establecer límites en las compras de vivienda habitual para evitar sobre endeudamiento o mecanismos para evitar cláusulas abusivas en las negociaciones hipotecarias".

El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó los detalles del Real Decreto Ley con medidas urgentes para proteger a deudores hipotecarios, dejando claro que el objetivo es "evitar que nadie se tenga que ir de su casa", no sin antes precisar que la tasa de mora de hipotecas individuales en España está ligeramente por encima del 3 por ciento, ya que la mayoría de los deudores paga "puntualmente" sus hipotecas.

De Guindos señaló que para definir el alcance del Decreto Ley hay que tener en cuenta dos cuestiones: por un lado, los colectivos protegidos y por otro, las limitaciones financieras para que se aplique esta medida. Así, señaló que se paralizará durante dos años el desahucio, permitiendo que el deudor permanezca en la vivienda sin coste alguno, para una serie de colectivos especialmente vulnerables. Se trata de familias numerosas; la unidad monoparental con dos hijos a cargo; una familia con un menor de tres años; familias con uno de sus miembros discapacitado superior al 33 por ciento.

Tampoco se ejecutará el lanzamiento a personas afectadas por dependencia o incapacidad permanente para trabajar; familias con deuda hipotecaria en paro y agotadas las prestaciones por desempleo; cuando convivan una o más personas unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge con vínculo de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y que se encuentren en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que le incapacite para realizar una actividad laboral; y unidades familiares en las que exista una víctima de violencia de género.

Además, tienen que concurrir las siguientes limitaciones económicas: que el conjunto de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2012 se sitúa en 532 euros al mes, es decir, 1.597 euros mensuales. Cerca de 19.200 euros anuales.

También se incluirá a las personas o familias que hayan visto una "alteración significativa de circunstancias económicas", es decir, que el pago de la hipoteca sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5 veces en los últimos cuatro años -es decir, que si suponía un 40 por ciento, haya pasado a ser un 60 por ciento-; que la cuota hipotecaria supere el 50 por ciento de los ingresos netos; que se trate de crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda del deudor y concedido para la compra de la misma.

Viviendas de los bancos
A estas medidas se añade el mandato que el decreto ley da al Gobierno para crear un parque de viviendas de alquiler, a un precio social, para las personas que se hayan quedado sin vivienda tras una ejecución hipotecaria.

Según explicó el titular de Economía, el mandato que se da al Ejecutivo es para que empiece una negociación con las entidades financieras, de las que dijo que "tienen un número importante de activos adjudicados, incluidas las del FROB". "Ahí estableceremos este fondo para paliar las circunstancias de más urgente necesidad", apostilló al tiempo que recordaba que en este país hay 700.000 viviendas vacías según las estadísticas. No obstante, también precisó que las estadísticas hay que corregirlas.

Estas viviendas -añadió- están en posesión de los bancos en este momento y se tendrán que poner a disposición de las personas que se han quedado sin vivienda, con un alquiler reducido.

El ministro de Economía, al ser preguntado por la preocupación del sistema financiero de cómo le puede afectar esta medida, respondió que el Real Decreto "no afecta al procedimiento de ejecución hipotecaria". En este sentido, explicó que se está actuando sobre las familias que lo necesitan, e intenta proteger que se vayan a la calle familias que pertenecen a colectivos que, "en situación de buena fe, pero por razones sobrevenidas, se han visto inmersas en un proceso de desahucio".
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