Leganés interpone una querella contra un funcionario
Por MDO/E.P.
martes 10 de julio de 2012, 00:00h
Actualizado: 11/07/2012 14:57h
El Ayuntamiento de Leganés ha interpuesto en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la localidad una querella contra el director de Vía Pública por los presuntos delitos de malversación de caudales y falsedad documental por una presunta modificación en un contrato que habría supuesto unos perjuicios económicos al Consistorio por importe de 2 millones de euros, según ha confirmado a Europa Press el alcalde, Jesús Gómez (PP).
La presunta falsificación del contrato de mantenimiento de vía pública habría eximido presuntamente al contratista de la ejecución de cinco servicios de mantenimiento. De esta manera, según las fuentes consultadas, el Ayuntamiento habría estado pagando por unos servicios que no se prestaban.
En este sentido, el alcalde ha asegurado este martes que, aunque el pasado noviembre los perjuicios fueron valorados en unos 300.000 euros anuales, un informe municipal habría situado ese "alcance" en una cifra cercana a los 2 millones de euros, una vez se "revisaron todas las cláusulas del pliego original".
Según las valoraciones de este informe, se ha evaluado en un montante de 1 millón de euros la "diferencia entre el personal mínimo exigido en los pliegos y el personal destinado" a los servicios, así como en otros 462.405 euros los cálculos de "inspección periódica de pavimentos" (338.965 euros), "control de calidad" (58.537 euros) y "retén de servicio para averías" (42.265 euros).
El alcalde ha señalado que la querella se ha interpuesto porque se trata de un "asunto grave", detectado tras un "proceso largo de investigación". "Era nuestro deber", ha precisado tras apuntar que "no es un capricho".
En este sentido, Jesús Gómez ha manifestado que la personación del Ayuntamiento en la causa es resultado de "vigilar el cumplimiento de los contratos".
El pasado 17 de noviembre, el regidor leganense hizo público ante la prensa la presunta alteración del contrato, que se firmó la pasada Legislatura, concretamente en octubre de 2009.
La falsificación, siempre según la versión que aportó en su día el Gobierno local del PP, derivaría del hecho de que el contrato original que hay en Contratación es diferente a la copia que hay en la delegación de Obras, presuntamente para eximir al contratista --la unión temporal de empresas 'Reynover-Velasco'-- de algunos puntos que debía cumplir porque figuraban en el pliego original.
Entre estos puntos, figuraba la obligatoriedad que tenía el contratista de fijar un "retén" de trabajadores durante 24 horas para "hacer frente a las situaciones de emergencia que se produzcan fuera de la 'jornada laboral'". Este punto, según la documentación aportada por el Ejecutivo, no aparece en la copia del pliego que está en la concejalía de Obras.
Suspensión del funcionario
Tras hacerse pública la denuncia, el funcionario responsable, el director de Vía Pública, fue suspendido de empleo y sueldo durante seis meses, mientras se instruyese el expediente disciplinario abierto. La suspensión fue prorrogándose hasta el pasado mes de abril y, ahora, según Gómez, y tras conocerse el informe, el funcionario deberá "seguir en suspensión", si bien ha adelantado que ya hay "propuesta de sanción", que podría oscilar entre los dos y tres años "apartado del servicio".
Por su lado, el responsable de Vía Pública alegó el pasado noviembre que el documento que presentó el Gobierno local y que servía de base para la denuncia era "un borrador".
"El documento que presentan de Obras se trata de un borrador, de los muchos que se hacen, hasta que se elabora el definitivo que se envía en Contratación. Los borradores se envían firmados a estancias superiores hasta que se da el OK al definitivo, que se traslada a contratación", argumentó.
Por su lado, el alcalde ha asegurado este martes que la empresa adjudicataria "aún no ha dicho nada" y, en este sentido, ha considerado que falló la "vigilancia" por parte de la concejalía de Obras y el "control" por parte de la empresa, aunque ha reconocido que la principal beneficiaria fue esta compañía "sin perjuicio --ha agregado-- de que alguien más se beneficiase, algo que deberá investigar el juez".
Reacción del PSOE
Por su lado, el exalcalde y actual portavoz del Grupo municipal Socialista, Rafael Gómez Montoya, ha declarado que "si algún funcionario ha cometido una irregularidad debe perseguirse, sin englobar en ello -ha añadido- a todo el funcionariado y, por supuesto, sin que el alcalde se atribuya competencias de juez".
Además, ha calificado de "muy curioso" el hecho de que la querella aparezca este martes en la prensa, "justo cuando el alcalde ha tenido que rectificar otra de sus ya habituales barbaridades antidemocráticas".
"De este modo dejamos de hablar de un alcalde que por primera vez en la historia de la democracia en Leganés ha intentado hacer desaparecer dos puntos del Orden del Día del Pleno", ha precisado.