El juez valora aceptar dos nuevas demandas sobre Bankia

La primera de ellas, presentada por el sindicato Manos Limpias, solicita las imputaciones del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el exconsejero de la entidad y expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, entre otros.

El sindicato pide al juez en su escrito que investigue a estos tres ex altos cargos y a los consejeros tanto de Caja Madrid como de Bankia durante las presidencias de Blesa y de Rodrigo Rato, por la presunta comisión de delitos societarios, de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil e imprudencia grave en el control de las sociedades.

Esta querella también incluye al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura, y al exresponsable de créditos a empresas de Caja Madrid Carlos Vela. Fue presentada en un primer momento ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional.

En ella se acusa a Blesa de conceder un crédito doloso por importe de 26,6 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como "garantía un holding empresarial que se encontraba en quiebra". La querella asegura también que Blesa concedió otro crédito irregular, en este caso al promotor inmobiliario Martinsa-Fadesa. Manos Limpias considera, además, que el exgobernador del Banco de España Fernández Ordóñez cometió una imprudencia grave "al no prestar la diligencia debida como órgano supervisor y de control".

Por otra parte, Anticorrupción debe informar también sobre la pertinencia de admitir a trámite una tercera querella, en este caso presentada por el colectivo 15-M en nombre de una decena de pequeños accionistas de la entidad y que se dirige también contra Bankia como persona jurídica e imputa a Rato y al resto de miembros del anterior consejo de administración los delitos de falsedad de contabilidad para captar capitales en los mercados secundarios, estafa en documento mercantil, falsificación de cuentas e intervención fraudulenta y desleal.

Los 35 imputados por la salida a bolsa de Bankia tendrán un plazo máximo de cinco días desde la última notificación de la querella para recurrir el auto del juez Fernando Andreu y solicitar el archivo de la causa a la Sala de lo Penal, superior jerárquicamente al magistrado instructor.

La intención del magistrado es realizar "cuanto antes" el interrogatorio de los exconsejeros de la entidad contra los que se dirige la querella presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra Bankia; su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA); y 33 exconsejeros, entre ellos el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia José Luis Olivas, el exministro del Interior Ángel Acebes o el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández.

No obstante, las citadas fuentes descartaron que estas declaraciones se vayan a producir antes del próximo 23 de julio, fecha establecida por el juez instructor para celebrar una comparecencia en la que se dirimirá si la Audiencia Nacional asume la intervención judicial de la entidad, solicitada por UPyD para salvaguardar los derechos de los trabajadores y acreedores de la entidad.

Ampliación de la imputación
Sobre el hecho de que consejeros de Bankia en el momento de su salida a bolsa como el socialista Virgilio Zapatero no se encuentren entre los imputados por no haber sido mencionados en la querella, las fuentes jurídicas consultadas han indicado que la relación de inculpados puede ampliarse o disminuir en función del desarrollo de la instrucción.

La querella también se dirige contra el exconsejero delegado de la entidad Francisco Verdú, el expresidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio José Manuel Fernández Norniella, el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, el exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada y la exconcejal de Madrid Mercedes de la Merced.

También están imputados representantes del PSOE, como el exdiputado madrileño Jorge Gómez o el exconcejal de la capital José María de la Riva; de Izquierda Unida (IU), como José Antonio Moral Santín; o de CCOO, como Francisco Baquero y Pedro Bedia.

El resto de imputados en la causa son Carmen Cavero, Alberto Ibáñez, Javier López Madrid, Juan Llopart, Araceli Mora, Francisco Juan Ros García, José Manuel Serra, Milano Soto, Francisco Pons, Luis Blasco, Rafael Ferrando, José Rafael García-Fuster, Agustín González, Remigio Pellicer, Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes Rojo-Izquierdo, José Manuel Suárez del Toro y Ángel Villanueva.

Baja temporal de Moral Santín
José Antonio Moral Santín, el consejero de Bankia que en su día entró en Caja Madrid auspiciado por IU de Madrid, pidió ser suspendido temporalmente de militancia este miércoles a raíz de que la Audiencia Nacional admitiese la querella de UPyD y citase como imputados a los miembros del Consejo de Administración de la entidad actualmente nacionalizada, según informó el propio coordinador de IU Madrid, Gregorio Gordo.

Moral Santín envió este mismo miércoles una carta a IU Madrid comunicando que se daba de baja voluntariamente de la federación porque no estaba dispuesto a que ésta se viese afectada por algo en lo que "no tiene nada que ver".

En su misiva, el consejero de IU en la cuarta entidad financiera del país considera que lo más conveniente para evitar "equívocos" o interpretaciones "inadecuadas" era que se procediese a la suspensión temporal de su afiliación.

Además, en su carta deja claro que su labor profesional como consejero de Bankia y su afiliación a IU "siempre" han estado "nítidamente diferenciadas" sin que haya habido interferencia alguna entre ambas, y que su actuación en dicha entidad ha estado presidida en todo momento por la "estricta" independencia.

Precisamente este mismo jueves, el portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Plural en el Congreso, José Luis Centella, ha subrayado que IU "nunca se ha sentido representada" en el Consejo de Administración de Bankia, pues no comparte la transformación de las cajas de ahorro al considerar que supone entregar a la banca privada entidades de capital público que deberían haber sido el germen de una auténtica banca pública.

Declaraciones PSOE
El exministro de Trabajo y vicepresidente de la Comisión de Economía en el Congreso, el socialista Jesús Caldera, ha avisado este jueves al Gobierno y al PP de que "nadie" entendería que la Justicia vaya a investigar la crisis de Bankia y que el Parlamento no haga lo propio, por lo que ha insistido en la necesidad de que los 'populares' reconsideren su postura con respecto a la comisión de investigación.

En rueda de prensa en el Congreso, Caldera ha explicado que la admisión a trámite de la querella interpuesta por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra los exdirectivos de Bankia pone de manifiesto que el Parlamento "tiene que actuar" poniendo en marcha una comisión de investigación, como así lo ha solicitado el PSOE.

"Llama la atención que actúe la administración de justicia y no pueda actuar el Parlamento", ha insistido el secretario de Ideas y Programas de los socialistas, quien ha recalcado que si el primer partido de la oposición ha exigido crear una comisión sobre Bankia no es para "vindicar" sino para "proponer".

"Esto es, el Parlamento debe actuar para saber qué pasó y por qué ocurrió, y para proponer un código de actuación con el fin de prevenir que esto vuelva a suceder en el futuro --ha explicado--. El Parlamento debe intervenir porque si no la solución se quedaría coja".

Por ello, el parlamentario ha reclamado al PP que reconsidere su negativa a crear una comisión de investigación sobre Bankia y dé el visto bueno ahora a la solicitud de los socialistas porque, según ha defendido, en el pasado se abrieron algunas mientras en paralelo había un procedimiento judicial y "no hubo colisión alguna".

Entrando en el terreno estrictamente judicial, Caldera se ha mostrado convencido de que la Justicia hará su trabajo en relación con Bankia "con pulcritud y determinación" y ha pedido al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que sea más "prudente" respecto de sus afirmaciones, puesto que ha dicho tener "algunas reservas" sobre la actuación de la Justicia.

"La actuación jurisdiccional debe ser respetada en todo momento, ése es nuestro código de conducta, con independencia de la honorabilidad de las personas, que siempre está garantizada por su presunción de inocencia", ha manifestado Caldera, quien ha dicho que, al contrario que a Arias Cañete, a él sí le parece "bien" que actúe la Justicia. "Es su papel y lo que tengo que hacer es respetarlo", ha acotado.

Declaraciones del PP
El PP no tiene previsto en este momento suspender cautelarmente de militancia a los imputados por Bankia que tienen el carné del Partido Popular, como el exvicepresidente Rodrigo Rato o el ex ministro Ángel Acebes, según han asegurado fuentes de la formación.

Aparte de Rato y Acebes -que sólo fue consejero de la entidad unos meses- la Audiencia Nacional ha citado como imputados a una treintena de exaltos cargos de Bankia, varios de ellos vinculados al PP, como el expresidente de Bancaja y expresidente valenciano, Jose Luis Olivas; el exsecretario de Estado Estanislao Rodríguez Ponga; el exsenador José Rafael García Fuster; el exsecretario del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada; o el expresidente de la Asamblea de Madrid, Jesús Pedroche, entre otros.

Los 'populares' no prevén en este momento actuar contra los imputados que propuso el PP tomando medidas como suspenderle temporalmente de militancia en el partido, algo que sí que ha aplicado ya el Partido Socialista a petición de sus dos exconsejeros en la entidad, Jorge Gómez y José María de la Riva.

Así, el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autónoma del PSOE, Antonio Hernando, informó este miércoles de que los dos exmiembros socialistas en Bankia habían solicitado a la dirección federal del partido la suspensión cautelar de su militancia mientras se prolongue el procedimiento judicial. También el consejero de IU en la entidad financiera, José Antonio Moral Santín, ha pedido su suspensión temporal de afiliación.

Los nuevos estatutos aprobados por el PP en el Congreso celebrado en Sevilla el pasado mes de febrero cambiaron el régimen sancionador del partido. En la Ponencia correspondiente se incorporó una enmienda transacional sobre la apertura de expediente disciplinario a sus afiliados imputados, pero sólo en el momento de abrirse el juicio oral.

En cualquier caso, ese expediente disciplinario quedaba en suspenso hasta que se produjera una sentencia judicial. Anteriormente, el artículo 16.8 del texto decía que se abriría expediente disciplinario a los afiliados que tuvieran una imputación judicial.