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Los abogados de oficio no podrán garantizar la asistencia inmediata

Por MDO/E.P.
viernes 22 de junio de 2012, 00:00h
El colegio de abogados de Madrid ha advertido este viernes a la Comunidad de que los letrados del turno de oficio no podrán garantizar la asistencia inmediata a los más desfavorecidos y se verá afectada la tramitación de los procedimientos judiciales ante los recortes previstos por el Gobierno regional en la nueva ley de presupuestos.
Este organismo ha asegurado que los recortes afectan "gravemente a la prestación de un servicio público que garantiza derechos fundamentales para los ciudadanos y cuyo coste debe afrontar en su totalidad la administración competente, en este caso la Comunidad de Madrid".

"La reducción que se pretende aprobar, prevista en un 20%, será aplicable sobre unos baremos que no se actualizan desde el año 2003, lo que supondrá una pérdida del poder adquisitivo para los abogados de turno de oficio de entorno al 50%, a lo que se añade el retraso endémico en el pago por parte de la Comunidad de Madrid de las actuaciones ya realizadas y debidamente justificadas, cuestión que ha supuesto al colegio un coste añadido de 2 millones de euros", señala el colegio.

Respecto a los colegios profesionales, el colegio indica que les supondrá "una merma considerable en las cantidades que destinan al eficaz funcionamiento del servicio y que le impedirá prestarlo con la misma calidad y eficiencia, afectando en última instancia al correcto funcionamiento de la administración de justicia, que en una gran parte precisa de las designaciones de profesionales de turno de oficio para garantizar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva".

"Desde el año 2001 hasta 2011, el colegio de abogados ha aportado de sus propios recursos 2,5 millones de euros para completar la dotación, siempre insuficiente, que recibe de las instituciones públicas obligadas por ley a sufragar el coste de este servicio público", agrega.

Así, ha señalado que solo de 2012, el déficit que soportará el colegio por "la prestación del servicio ascenderá a 1,7 millones de euros, pero un nuevo recorte haría imposible garantizar la asistencia inmediata a los ciudadanos más desfavorecidos, lo que afectará a la tramitación de los procedimientos judiciales, y por consiguiente al correcto funcionamiento de la Justicia en la Comunidad".

"Las propuesta debe ser reconsiderada para evitar que los ciudadanos con muy escasos recursos afectados por desahucios o despidos, las victimas de violencia de género o los imputados por delitos comunes que no pueden pagarse una defensa, todos ellos en situaciones de especial vulnerabilidad en el momento en el que nos encontramos y a quienes no se podrá garantizar, con la misma eficacia que hasta ahora, la presencia inmediata de un abogado, sufran situaciones de desigualdad en el acceso a la justicia", concluye.
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