Ecologistas en Acción denuncia que con la derogación de la normativa regional contra el ruido se ha reducido la protección y que este cambio puede ser una concesión a Eurovegas. La Comunidad indica que "se ajusta más a la realidad".
El 15 de marzo,
el Gobierno regional derogó el Decreto 78/1999 sobre protección acústica "por economía procesal, por eficiencia, por agilidad de la tramitación y evitar ese farragoso mundo de normas, normas y normas", al existir una ley estatal del ruido desde 2007. Esta es
menos exigente que la norma regional. La Comunidad asegura que "establece unos límites de ruido más ajustados a la realidad" madrileña.
Los principales cambios que se han producido son un
aumento del ruido permitido en zonas urbanas, sobre todo en periodo nocturno (cinco decibelios más),
la eliminación de toda protección en en espacios naturales y las zonas afectadas por infraestructuras del transporte. Ecologistas en Acción llama la atención sobre el hecho de que solo se ha aumentado la protección en suelo industrial en horario nocturno. "Esta situación se contradice con los argumentos que esgrimió el Gobierno regional al afirmar que la nueva situación favorecería la implantación de actividades económicas", indican los ecologistas en una nota.
El Gobierno regional, no obstante, mantiene que "en ningún caso implica una menor protección para el ciudadano frente a la contaminación acústica, sino que, al contrario, se implantan
sistemas de medición más modernos y más ajustados a la realidad social de estos momentos".
Eurovegas
La portavoz de Ecologistas en Acción, Ángeles Nieto, indicó a este digital que
estos cambios podrían favorecer la implantación de Eurovegas en cualquier municipio de Madrid, pero, sobre todo, en
los terrenos de El Molar que también fueron ofrecidos al empresario Adelson y que en este momento no son urbanizables por una sentencia judicial a causa de, precisamente, la contaminación acústica producida por el aeropuerto de Barajas. Ecologistas ha anunciado que estudia recurrir la derogación del decreto.
La ley estatal es de aplicación directa en los municipios sin ordenanza específica. En los que sí tienen, estas suelen estar basadas en el decreto regional, por lo que podría abrirse la puerta a
futuras modificaciones en estas localidades, según explicó a este digital la portavoz de la asociación ecologista,
Ángeles Nieto, quien recuerda que las Administraciones están en su derecho de aumentar las medidas de protección de la salud de sus ciudadanos.
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