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Plañiol quiere crear juzgados regionales y controlar a los funcionarios para optimizar la Justicia

Plañiol quiere crear juzgados regionales y controlar a los funcionarios para optimizar la Justicia

Por David Canellada
martes 17 de abril de 2012, 00:00h
La consejería de Justicia madrileña ha solicitado al ministerio la revisión de la planta judicial para crear juzgados regionales más eficaces. La responsable de la Justicia madrileña, Regina Plañiol, se ha reunido este martes con el ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón, para mostrarle su apoyo a las reformas planteadas en las últimas semanas y plantear una serie de medidas para intentar optimizar la organización de los 528 juzgados de la Comunidad.
Son tiempos de crisis. Sobre todo para las administraciones, que se ven obligadas a buscar fórmulas para reducir gastos y optimizar recursos. Y en ese punto se encuentra la consejería de Justicia madrileña, que está preparando una batería de medidas para intentar minimizar los gastos de un área que se lleva 719,7 millones de euros de los presupuestos de este año.

Una de ellas es la creación de juzgados regionales que superen la actual distribución territorial en 21 partidos judiciales "muy desiguales en tamaño y caracterización". "El actual despliegue territorial en la región es poco funcional -han señalado desde la Comunidad-. Por este motivo, la región quiere superar el concepto clásico de partido judicial y contar con órganos que tengan jurisdicción en toda la Comunidad".

La idea es repartir mejor la carga de trabajo de unos juzgados que acabaron el año 2010 con 488.600 asuntos pendientes. Pero, además, la consejería quiere reducir la litigiosidad, que en Madrid alcanza una tasa de 223,2, muy por encima del 198,8 de la media nacional.

Para ello, Plañiol ha expresado su apoyo a la idea del copago lanzada hace unas semanas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. En un encuentro mantenido este martes con el responsable de esta cartera, la consejera se ha mostrado de acuerdo con "la revisión de las tasas judiciales". "Desde Madrid se va a apoyar cualquier reforma para reducir la litigiosidad -ha subrayado Plañiol-, ya sea la nueva Ley de reforma de Enjuiciamiento Criminal, la despenalización de las faltas, la extensión de juicios rápidos o la resolución alternativa de conflictos, como la mediación".

Pero el copago no es la única de las medidas planteadas por Gallardón que cuenta con el visto bueno de la Comunidad de Madrid. Durante la reunión -la primera que mantiene Plañiol con el ministro de Justicia-, la consejera también se ha mostrado conforme con una reforma del Código Penal pensada para evitar otro 15-M en las calles de Madrid o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La optimización de recursos pasa también por los cerca de 6.700 funcionarios de Justicia que dependen de la Comunidad. La consejería de Justicia está poniendo en marcha un sistema de control informático para verificar que los funcionarios cumplen su jornada de 37,5 horas semanales.

El sistema, en concreto, obliga a los funcionarios a introducir una clave al encender su ordenador y requiere actualizaciones cada cierto tiempo. De esta forma, el programa permite controlar el tiempo que cada funcionario permanece en su puesto.

Revisar el modelo de Justicia Gratuita

El objetivo, según ha defendido Plañiol, no es vigilar a los trabajadores, sino conocer la carga de trabajo real de los juzgados "y saber así las reformas y redistribuciones que tendríamos que hacer para optimizar las plantillas".  El plan, que ya se ha probado con los cerca de 200 funcionarios de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, se pondrá en marcha "en el mínimo plazo posible", aunque aún no se han fijado fechas.

La consejera también ha pedido más flexibilidad a la hora de organizar las plantillas. La idea de la consejería es que los funcionarios no se ubiquen en un juzgado concreto, sino en un destino "más amplio", como la Audiencia Provincial.

En el encuentro, Plañiol también ha puesto sobre la mesa su interés en que se revise el actual sistema de Justicia Gratuita, que el año pasado le costó a la Comunidad 44 millones de euros. "Es el momento de plantearse si quien recibe este derecho es a quien realmente le corresponde -ha señalado la consejera-, pues aunque se hable de Justicia Gratuita se paga con el dinero de todos los ciudadanos y su control es obligación de las administraciones".
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