La deuda pública con proveedores es el triple de la morosidad financiera, según UGT

La morosidad del sector público se sitúa "como mínimo" en el 21 por ciento, algo "sencillamente inadmisible" para el secretario general de esta federación, Roberto Tornamira, quien ha criticado también que se esté destruyendo empleo desde las propias administraciones y que se plantee, como lo ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, una bajada de los impuestos. "¿Cómo se puede hablar de bajar impuestos en Madrid cuando se les debe cientos de miles de euros a empresarios pequeños y medianos que lo que están haciendo para paliar el problema es destruir empleo, no pagar las nóminas y llevar a los trabajadores a una situación insostenible?", se ha preguntado.

El sindicato calcula que las demoras de los pagos a las empresas -lo que posteriormente repercute en el abono de nóminas o destrucción de empleo ante la obligación de ajustar gastos- se sitúa en unos once meses. "Las propias patronales hablan de un 23 por ciento, y recuerdo que los bancos soportan una morosidad del 7,5 por ciento. Y se les está dando dinero público para que la hagan frente", ha apostillado Tornamira.

Frente a esta situación, el sindicato ha elaborado un dossier con empresas que mantienen deudas con trabajadores y ha instado a estas a hacer frente a las administraciones, con la "sorpresa" en ocasiones de que "los empresarios no colaboren en la defensa de su propia empresa". Tornamira ha dicho haber comunicado a patrones y asociaciones empresariales estar dispuesto a "ir de la mano" en estas reivindicaciones, y que estos, "por miedo a enfadar a su cliente, no hacen nada". "Y no se dan cuenta que les están llevando de cabeza a la situación de proceso concursal", ha lamentado.

Defender el empleo
"Tenemos que defender a las empresas para defender los empleos y que paguen las nóminas. Lo que no admitimos es que las empresas nos tome de rehenes y que el empresario pretenda lanzarnos contra las administraciones públicas para que los trabajadores vayan a la huelga, encima nos cuesta el salario, el riesgo de despido, el conflicto", y todo ello "para motivar al cliente a que pague", ha dicho.

Además, ha denunciado que muchas empresas que se presentan a los concursos públicos son conscientes de que no podrán asumir los plazos de pago con sus trabajadores y que "tiran los precios". Es decir, ofrecen sus servicios por un precio muy bajo para ser elegida en el concurso público. Un ejemplo, según ha dicho el sindicato, es Esabe, adjudicataria de servicios en dependencias públicas -Juzgados, Tesorerías de la Seguridad Social, Consejería de Sanidad, Centros de Salud de las áreas 2, 3, 4 y 5, Delegaciones de Hacienda y la Universidad Autónoma, según UGT-.

"Esta empresa entra a prestar el servicio porque ninguna otra se presenta a los concursos, 'tira' los precios, es sabedora de que no va a poder cumplir con la normativa vigente ni con las condiciones del convenio, pero aun así la señora Esperanza Aguirre le sigue dando servicios", ha criticado. A trabajadoras de esta empresa se le han abonado en febrero las nóminas de diciembre. "Están trabajando con 60 días de financiación de la empresa. Y los trabajadores no somos bancos, no somos entidades financieras. Nosotros no tenemos un FROB. A nosotros la Administración central no nos da dinero del erario público para pagar las necesidades básicas de nuestras familias", ha señalado. A otros, como las encargadas de limpiar el Conservatorio de Música, se les adeuda parte de las nóminas de enero, febrero y marzo de 2011, y las de los pasados meses de noviembre y diciembre, así como la paga de navidad, han sido abonadas a principios de mes.

Casos denunciados
Estos son ejemplos que forman parte de trece casos denunciados por el sindicato este viernes para advertir de un problema que afecta sobre todo a adjudicatarias de limpieza y seguridad. En este sentido, FeS UGT Madrid ha lamentado que a la hora de elaborar este informe no hayan tenido acceso a las deudas de las administraciones. Únicamente una empresa, Sasegur, ha proporcionado datos de unas deudas de la Administración pública que superan los 5 millones de euros entre la Consejería de Cultura y Deporte (1,24 millones de deuda), Metro de Madrid (625.000 euros) y el Ayuntamiento de la capital (491.000 euros). Los impagos con los distintos hospitales donde prestan servicios se sitúan cerca de los cuatro millones de euros (3,8 millones de euros).

Muchos de los impagos o retrasos en las nóminas de los trabajadores se dan en empresas que realizan servicios en dependencias sanitarias de la Comunidad. Además de Sosegur y Esabe, están los casos de Provinen Seguridad (Hospital Clínico, Príncipe de Asturias y Torrejón), y Alerta y Control del Grupo PJC (Hospital 12 de octubre, Ramón y Cajal y Antiguo Hospital Puerta de Hierro).