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El aumento de la jornada reducirá 11.000 empleos, según los sindicatos

El aumento de la jornada reducirá 11.000 empleos, según los sindicatos

Por MDO/E.P.
miércoles 01 de febrero de 2012, 00:00h
Actualizado: 02/02/2012 13:51h
UGT, CCOO, CSIT Unión Profesional y CSI-F han cifrado este miércoles en 11.000 los puestos de trabajo que se perderán en la Administración regional como consecuencia del aumento de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales de los empleados públicos. Ante ello, estos sindicatos han presentado este miércoles la manifestación de los empleados públicos de la Comunidad, que discurrirá el próximo martes, 7 de febrero, desde Neptuno a Sol.
La manifestación, que arrancará a las 18.30 horas bajo el lema "Lo público es de todos ¡No a los recortes!", será el colofón a una serie de movilizaciones y asambleas informativas celebradas en los centros de trabajo durante todo el mes de enero en contra de los cambios laborales contenidos en la ley.rotestar por los recortes de la Ley de Medidas Fiscales.

El secretario general de la Federación del Sector Público de UGT, Santiago Tamame, ha concretado que solo en Sanidad se perderán 5.314 empleos, 3.000 en Educación y otros 3.000, aproximadamente, en el resto de la Administración regional. Tomando como referencia el sector de la Sanidad, en el que trabajan 78.050 empleados públicos, tras la Ley de Acompañamiento, las jornadas añadidas que tendrá que trabajar cada empleado al año serán 16, lo que supone un total de 1.248.800 horas lo que, según sus datos, se traduciría en 5.314 empleados perdidos sólo en este sector.

El coordinador del Área Pública de CCOO, Manuel Rodríguez, se ha referido a los recortes de las bajas por enfermedad. Así, ha indicado que en un mes de baja un trabajador del nivel más bajo que de base reciba 1.086 euros, cobrará 519,90, "un descuento casi del 50 por ciento, mientras suben las hipotecas y otros gastos". Por todo ello, los sindicatos presentes han animado a los trabajadores a participar en la manifestación el día 7 de febrero contra los recortes en los servicios públicos "y al hecho de que se haya usado la Ley de Medidas Fiscales para usurpar la negociación colectiva".

El coordinador de negociación colectiva de CSI-F, Pedro Poves, ha apostado que "ahora van a destruir 11.000 puestos de trabajo, mientras se han creado empresas privadas con empleados públicos y se siguen pagando colegios concertados", ha añadido.

Los representantes de los trabajadores han indicado que estos recortes no solo les afectarán a ellos, sino a la calidad y la atención de los servicios públicos, la disminución del tiempo de atención al paciente en los centros sanitarios o la ampliación de las listas de espera, "también en la asistencia a dependientes, menores, residencias públicas de mayores, administración de justicia, medio ambiente, servicios públicos de empleo, lucha contra el fraude fiscal, atención al ciudadano, servicios de emergencias y protección ciudadana o en los transportes y medios de comunicación públicos".

En el contexto de la Comunidad de Madrid, los cuatro sindicatos han señalado que los recortes aplicados son "injustificados por cuanto se producen en paralelo al incremento del presupuesto que financia a los servicios que han sido externalizados". "Así mientras se detraen importantes recursos de la Educación pública, que suponen la pérdida de 3.000 profesores, se subvenciona mediante desgravaciones fiscales a las familias que llevan a sus hijos a la enseñanza privada y se incrementa significativamente el número de unidades concertadas", han abundado. En las Universidades, aluden al "deterioro" de las condiciones laborales del personal docente e investigador.

Respecto a Sanidad, los firmantes del manifiesto aseguran que los recortes también suponen la pérdida de personal y la sobrecarga de trabajo de los que permanecen en el sistema, "con el consiguiente empeoramiento en la calidad de la prestación, mientras en el presupuesto de 2012 se aumenta más de un 30 por ciento la partida que financia los conciertos con entidades privadas". "Después de 35 años de luchas y esfuerzos para alcanzar un cierto nivel de protección laboral, comprobamos cómo los derechos adquiridos en ese largo proceso son arrasados en una semana. Tener la mayoría parlamentaria no debería servir para cometer atropellos de esta magnitud", han señalado.
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