Un acusado de secuestro 'marea' con sus tretas al tribunal
lunes 09 de enero de 2012, 00:00h
Actualizado: 10/01/2012 16:57h
La Audiencia Provincial se ha visto obligado a interrumpir un juicio por las tretas de uno de los acusados, que en plena vista ha decidido representarse a sí mismo y renunciar al quinto abogado de oficio que se le asigna. El responsable de una jornada esperpéntica en la Audiencia Provincial es José Carlos Serna, al que se juzga como presunto cabecilla del secuestro de un empresario madrileño y que ha conseguido fugarse de prisión dos veces con sendas órdenes de libertad que resultaron falsas.
José Carlos Serna, que se enfrenta a una pena de 22 años de cárcel por el secuestro del vicepresidente de la empresa de importación Decoexsa, Pedro A.O., se está labrando una fama de 'maniobrero' en los juzgados. Desde que fue detenido, en marzo de 2008, ha logrado dilatar el procedimiento en varias ocasiones y con diferentes excusas. Incluyendo dos sonadas fugas de prisión gracias a sendas órdenes de libertad de la propia Audiencia Provincial que, según se comprobó posteriormente, eran falsas por lo que aún están siendo investigadas.
La última artimaña ha sido este lunes, cuando los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial se han visto obligados a interrumpir la vista una vez iniciados los interrogatorios. Nada más comenzar, el último de los abogados de oficio que le han sido asignados en los últimos meses solicitaba al tribunal un aplazamiento para poder prepararse el caso, ya que se hizo cargo del mismo a principios del presente mes de enero.
Los magistrados, sin embargo, decidían seguir adelante con el juicio, ante lo que José Carlos Serna anunció que, en ese caso, quería representarse a sí mismo -es abogado- aunque solicitaba que el letrado de oficio permaneciera en la sala para asesorarle. Serna, que había llegado a la Audiencia Provincial esposado y custodiado por la Policía Nacional, pasaba a vertirse la toga y a abandonar el banquillo de los acusados paray 'camuflarse' entre el resto de abogados defensores.
La situación se ha complicado cuando, a la vuelta de un receso, Serna ha anunciado a los magistrados que renunciaba también al apoyo del abogado de oficio, palabras que han sido secundadas por el propio letrado que ha exigido que se le permitiese abandonar el juicio. La presidenta del tribunal, ante este nuevo cambio, se ha negado. "Me quedo aquí porque me lo ordena el tribunal", ha dejado claro el abogado de oficio.
Unos minutos después, sin embargo, la nueva jugada de Serna daba sus frutos y los magistrados decidían suspender la vista para estudiar esta enrevesada situación. Y es que el tiempo corre a su favor y Serna lo sabe, ya que el próximo mes de marzo se cumplirá el plazo máximo de cuatro años que él y sus supuestos cómplices pueden permanecer en prisión provisional.
Hasta el momento de la suspensión, los interrogatorios también se habían visto salpicados por el peculiar estilo de Serna, que incluso ha protagonizado un tenso enfrentamiento dialéctico con la presidenta del tribunal y con otra de las acusadas, Elsa María S.G. "Diga toda la verdad de una vez, deje de mentir -ha exigido Elsa al presunto cabecilla de la red de secuestradores-. Es usted un embustero y un manipulador y me ha hecho mucho daño".
"La policía estaba comprada"
Antes, a preguntas de la acusación particular, Serna había acusado a la policía portuguesa de amañar unas pruebas de ADN que le situaban en una casa de Portugal en la que fue liberado el empresario madrileño. "La policía portuguesa estaba comprada", ha afirmado Serna con tranquilidad.
El resto de su interrogatorio ha ido en la misma línea. Serna ha negado toda implicación en el secuestro e incluso ha tratado de desvincularse de los números de teléfono intervenidos por la policía. "No recuerdo si eran mis números", ha contestado después de que el ministerio fiscal le preguntase por dos números de móvil empleados durante el secuestro.
La misma vaguedad e imprecisión ha demostrado la otra acusada que ha podido declarar antes de la suspensión, Elsa María S.G. La mujer, de nacionalidad portuguesa, ha admitido que durante casi una semana acompañó a Serna y al resto de acusados por varios puntos de la geografía peninsular: desde La Moraleja, donde se produjo secuestro, hasta Monte Gordo, en el Algarve portugués, donde fue liberado el empresario, pasando por un pazo de la localidad coruñesa de Esteiro.
Según su declaración, Serna la había contratado a ella y a su amiga María Manuela do Espírito Santo A.C. "para un negocio de una compraventa de una finca en Portugal". "No vi a nadie encadenado ni sé nada de un secuestro -ha asegurado Elsa, quien mantiene que en todo momento pensaba que se trataba de un negocio legal-. Yo sólo hacía lo que me decía don Carlos y compraba lo que él me pedía". Entre otras cosas, según el ministerio fiscal, ella y Manuela fueron las encargadas de comprar las cadenas y candados con los que el empresario permaneció atado.
El secuestro, según el escrito de calificación del fiscal, se produjo el 6 de marzo de 2008 en La Moraleja. Según el ministerio público, José Carlos Serna organizó el rapto de Pedro A.O. para pedir un rescate a su hermano, quien había denunciado a Serna por una presunta estafa relacionada con la venta de una finca en Huelva. De hecho, otra de las exigencias de Serna fue, de acuerdo al relato del fiscal, la retirada de esa querella.
Pensaron que eran víctimas de ETA
Pedro A.O. fue secuestrado junto a otro directivo de la empresa Decoexsa, José María N.G. en el hotel La Moraleja, donde cayeron en una trampa. Los dos empresarios, incluso, llegaron a pensar que estaban en manos de la banda terrorista ETA. Desde allí fueron trasladados a una casa de campo de Galicia y, después, a una vivienda de la localidad portuguesa de Monte Gordo, donde fueron liberados por la Policía Judicial portuguesa en colaboración con el Grupo de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional española.
Junto a Serna, Elsa y Manuela se sientan en el banquillo otros cuatro acusados: Agapito M. Q.; Luis Manuel C.G.; José P. M. y Diego Antonio C.S. Todos ellos se enfrentan a penas de entre cinco y 22 años de prisión por detención ilegal, delitos contra la integridad moral y lesiones.