La Ley de Enjuiciamiento Criminal y la renovación del Tribunal Constitucional serán algunos de los principales asuntos a los que se tendrá que enfrentar el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Además deberá tratar el tema de la cadena perpetua revisable, que el PP ha abogado por establecer.
La legislatura se ha iniciado con una composición del Tribunal Constitucional que no es acorde an la que "imperativamente" establece la Constitución ya que el mandato de tres de sus magistrados caducó hace más de un año y existe una vacante que dejó Roberto García-Calvo al fallecer en mayo de 2008.
La falta de acuerdo entre socialistas y populares impidió renovar en sus cargos a los magistrados que debía elegir el Congreso de los Diputados. Esta circunstancia es la que llevó la semana pasada al Pleno del máximo intérprete de la Constitución a reclamar al nuevo presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, que "se cumpla" la norma fundamental.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció en su discurso de investidura que abordará "de manera inmediata" la renovación del Tribunal Constitucional para cerrarla en el plazo de tres meses.
También está pendiente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puees el proyecto de Francisco Caamaño llegó en julio al Consejo de Ministros pero faltó tiempo para ser aprobada en el Parlamento debido al adelanto electoral. El proyecto de ley otorgaba al Fiscal la investigación de los delitos y las faltas y pretendía acabar con la denominada 'pena de telediario', impidiendo difundir la identidad o imágenes de los detenidos durante la instrucción.
Caamaño sí pudo impulsar la reforma del Código Penal, que entró en vigor hace un año y aplica mayores penas a terroristas, pederastas y corruptos mientras tipifica como nuevos delitos el acoso laboral e inmobiliario, el tráfico de personas o la compraventa de órganos humanos. Además puso en marcha un Plan para la Modernización de la Justicia 2009-2012, que, entre otras medidas, extiendía el uso de las nuevas tecnologías en los juzgados para alcanzar el 'papel cero'.
No pudo, sin embargo, poner en marcha los tribunales de instancia que pretendían sustituir a los actuales juzgados unipersonales al no llegar el proyecto al Congreso al tiempo. La disolución de las Cortes también dejó pendiente el pasado septiembre la aprobación de la Ley de Mediación y Arbitraje que pretendía reducir la carga de trabajo de los tribunales mercantiles y civiles.
Endurecer el Código Penal
En materia de Justicia, el Partido Popular ha abogado por reformar el sistema de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces y por endurecer el Código Penal e incluir la cadena perpetua revisable. Rajoy, en su investidura, se marcó el objetivo de recuperar la confianza de los ciudadanos en la Justicia y "propiciar el respeto a su independencia e imparcialidad", tanto en lo que afecta al Poder Judicial, como al Tribunal Constitucional.
El sexto presidente de la democracia también se comprometió a reformar el recurso de amparo y el recurso previo de inconstitucionalidad así como a aprobar una nueva Ley de Mediación y Arbitraje, como mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, y una Ley de la Jurisdicción Voluntaria para reducir la litigiosidad y mejorar la seguridad jurídica.
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