España es hoy un país más seguro que hace 10 años. Esta es una de las principales conclusiones del proyecto de investigación 'Ángeles Custodios' elaborado por el Grado de Criminología de la Universidad Camilo José Cela. El informe también revela que, a pesar de que el índice de criminalidad ha bajado en los diez últimos años, la sensación de inseguridad no para de crecer entre la sociedad española.
"Los datos nos dicen que el índice de seguridad en España no ha dejado de crecer en los últimos diez años", ha señalado, de forma tajante, el responsable del Grado de Criminología de la UCJC y coordinador del estudio, Francisco Pérez Abellán. En concreto, según los datos del estudio, el índice de seguridad ha pasado del 4,21 del año 2000 al 7,27 actual.
Pero no todo es de color de rosa. El informe -que ha sido presentado este viernes en la sede de la UCJC- revela que los puntos negros siguen siendo la violencia de género y los robos en viviendas, dos delitos que generan mucha alarma social y que, en gran medida, sirven para explicar esa creciente percepción de inseguridad.
En el periodo analizado -entre los años 2000 y 2010-, una media de 65 mujeres han perdido la vida cada año a manos de sus parejas o ex parejas. Uno de los peores años, precisamente, ha sido el pasado 2010, cuando 73 mujeres cayeron víctimas de la violencia de género.
En cuanto a los asaltos a viviendas, es el único delito contra la propiedad que ha crecido en los últimos años. Este es, precisamente, uno de los tópicos que este trabajo de investigación ha ayudado a derribar. Y es que, en los primeros años de la crisis, surgieron numerosas voces que advertían de que la mala situación económica dispararía los robos, atracos o asaltos. El estudio, sin embargo, revela que la tasa de delitos contra el patrimonio ha pasado de un 22,3 por cada mil habitantes en el año 2002 a 15,3 durante el pasado 2010 y que los delitos contra la propiedad se han mantenido estables durante los últimos años.
No obstante, una explicación a este descenso se encuentra en el aúge que ha sufrido la seguridad privada en estos diez años. En concreto, en el año 2000 había en España un total de 61.355 vigilantes privados, mientras que el pasado año esta cifra alcanzaba ya los 89.500.
Este descenso en la delincuencia 'de baja intensidad' contrasta con el constante incremento de la actividad del crimen organizado (narcotráfico, inmigración ilegal, trata de mujeres, blanqueo de capitales...). Así, el número de grupos investigados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ha pasado de 482 en 2006 a 622 en el año 2010. No obstante, este incremento ha ido acompañado de una labor policial cada vez más intensa que ha permitido que el número de detenidos haya pasado de 3.577 en el año 2000 a los 6.369 del pasado 2010.
Sin embargo, esta foto fija de la seguridad en España -elaborada por las profesoras y criminólogas Dorothea Siegl, Pilar Antolínez y Elvira Cabrera a partir de los datos facilitados por el ministerio de Interior, el Consejo General del Poder Judicial y asociaciones y organizaciones sociales y empresariales- ha sido cuestionada este viernes durante su presentación.
Uno de los más críticos ha sido el presidente de la Comisión de Seguridad de Ceim y secretario general del gremio de joyeros, Armando Rodríguez, quien ha criticado de forma contundente "la falta de transparencia" del ministerio de Interior. "La realidad oficial es la más cuestionada. Nuestras cifras no tienen nada que ver con las del ministerio de Interior, que son rechazadas y cuestionadas a nivel nacional e internacional".
Sus palabras fueron refrendadas por el presidente del Sindicato Profesional de Policía, José Ángel Fuentes Gago, quien también cuestionó "la fiabilidad" de los datos de la propia Policía Nacional. "Hay que fiarse de los datos que facilita el Consejo General del Poder Judicial porque algo falla con los de Interior".
Pero la presentación del estudio también sirvió para derribar varios tópicos sobre dos colectivos que se suelen vincular a la inseguridad: los menores y los inmigrantes. El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, fue el encargado de arrojar luz sobre una realidad -la de los menores- que no siempre se corresponde con la imagen que reflejan los medios de comunicación.
"España es un país seguro, pero la percepción de la gente es que no -ha explicado Canalda-. Y esta sensación es aún mayor en el ámbito de los menores". "Más del 90 por ciento de los menores se reinsertan -ha apostillado Pérez Abellán-, pero basta que haya un caso mediático para que se cuestionen las políticas de menores".
Por su parte, el presidente de la organización Movimiento Contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, contribuyó también a derribar otro de los lugares comunes que relaciona la inseguridad y la inmigración en el inconsciente colectivo. "En los primeros años de la crisis se dijo que los robos y la inseguridad iban a aumentar por la inmigración, pero este estudio revela que no ha sido así y desmontan el discurso xenófobo que estigmatiza la inmigración".
Ibarra, además, lamentó las dificultades que existen todavía a la hora de reconocer como 'delitos de odio' aquellos delitos -agresiones, amenazas, insultos...- motivados por la raza, religión o condición sexual de las víctimas. "Está reflejado en el Código Penal, pero aún existen muchas dificultades para que las Fuerzas de Seguridad o los colectivos judiciales se animen a considerar estas agresiones como xenófobas".
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Trabajos como el estudio 'Ángeles Custodios' pueden ayudar a cambiar esta mentalidad y, por tanto, las medidas y políticas más adecuadas a estas nuevas realidades. "Simplemente intentamos hacer visible lo que es real", conlcuyó Pérez Abellán.
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