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Ya no es competencia del TSJM al no haber aforados implicados

El caso Gürtel vuelve a la Audiencia Nacional y continúa retrasándose

El caso Gürtel vuelve a la Audiencia Nacional y continúa retrasándose

miércoles 08 de junio de 2011, 00:00h
El caso Gürtel cumple otra etapa. Desde este miércoles, la investigación sobre la presunta trama de sobornos a cargos del Partido Popular a cambio de adjudicaciones públicas vuelve a la Audiencia Nacional, la instancia que, con Baltasar Garzón a la cabeza, inició la investigación en 2008.
La decisión la tomaron los magistrados que componen la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid toda vez que el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo; el ex gerente de la empresa municipal de vivienda de Boadilla del Monte y ex concejal de Urbanismo en El Escorial, Alfonso Bosch Tejedor; y el ex teniente de alcalde de Arganda del Rey, Benjamín Martín Vasco, han perdido el derecho de aforo al renunciar a su acta de diputados en la Asamblea de Madrid el pasado mes de abril.

Los magistrados del TSJM consideran que la Audiencia Nacional vuelve a ser competente en el caso, ya que varios de los implicados, entre los que están el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, o el tesorero del PP nacional, Jesús Bárcenas, están acusados de desvío de capitales al extranjero. El traslado de la causa también cuenta con el beneplácito de la Fiscalía y de los abogados de varios de los implicados, no así con el de los letrados de Bárcenas, que exigen el traslado de la misma a un juzgado de instrucción ordinario.

De izquierda a derecha, Martín Vasco, López-Viejo y Bosch TejedorSi el abogado de Bárcenas hiciese uso de su derecho a recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo, la resolución del Gürtel se retrasaría aún más. Cuando el juez Garzón imputó a Alberto López-Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor, el caso sufrió un primer parón al pasar de forma obligada al juez del TSJM Antonio Pedreira. El derecho de aforo que tiene todo parlamentario electo implica que sólo pueda ser juzgado por un Tribunal Superior, lo que permitió a los anteriores esquivar al temido 'juez estrella'.

Antonio Pedreira recogió los miles de folios del sumario y continuó investigando si los tres diputados, que consiguieron su escaño al formar parte de la lista electoral de Esperanza Aguirre al parlamento madrileño en 2007, cobraron entre 250.000 y 500.000 euros por otorgar contratos públicos a empresas de la red de Francisco Correa. Entre los implicados por la Policía también figuraban el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López; el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero; el alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda; o el ex viceconsejero de Inmigración del Gobierno de Esperanza Aguirre, Carlos Clemente. Ante el volumen de la documentación y lo extenso del caso, Pedreira tuvo que pedir ayuda extra para poder manejar el caso en su juzgado, saturado ya de por sí.

Cuando el juez del TSJM estaba a punto de dictar un auto recomendando la apertura de juicio oral, López-Viejo, Martín Vasco y Bosch Tejedor renunciaron a su acta en la Asamblea de Madrid. La entrega se produjo el pasado 28 de abril. Hasta entonces, y durante dos años, se habían negado a abandonar la protección que les proporcionaba su presencia en la Cámara pese a que su propia jefa de filas, Esperanza Aguirre, se lo había demandado en público y en privado.

Sin fecha para juzgarlo
El traspaso a la Audiencia Nacional produce un nuevo bache, ya que el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 deberá revisar ahora el sumario completo (más de 90.000 folios). Una vez que lo haga, decidirá si debe recomendar la apertura de juicio, hecho que transcurrirá en un juzgado distinto, como establece la ley, para asegurar la imparcialidad. El juez receptor, al mismo tiempo, todavía tendrá que preparar el caso antes de que comience el proceso. Para el Partido Socialista de Madrid, los diputados imputados siempre han seguido "órdenes" de Esperanza Aguirre para dilatar el proceso lo más posible en el tiempo y evitar así que el juicio desgastase la figura de la presidenta.
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