Tras la vista,
Teodoro Piñuelas, portavoz de UGT, aseguró a este digital que se sentían "muy satisfechos" por los argumentos presentados ante la juez y que confíaban plenamente en la Justicia.
Ignacio Arribas, de CCOO, también se mostró optimista: "Hemos demostrado que respetamos lo que dicen las leyes para que la huelga no sea declarada ilegal". "El planteamiento que ha dado el abogado de Metro ha sido muy malo", agregó. No obstante, ambos sindicatos prefieren ser cautos "hasta que haya una sentencia firme".
Historia de desencuentros
Metro de Madrid presentó
en noviembre ante los Juzgados de lo Social una demanda contra el comité de huelga, el comité de empresa y los sindicatos que convocaron la protesta -
CCOO,
UGT,
Solidaridad Obrera,
Sindicato de Conductores y
Sindicato Libre-, después de no haber alcanzado un acuerdo ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Comunidad de Madrid.
En aquel momento, Metro de Madrid reclamó
6,5 millones de euros de indemnización por daños y perjuicios, 5,5 de los cuales corresponderían a "lo que se dejó de percibir" durante esos días y el millón restante vendría a compensar por los daños de imagen. En la vista celebrada este jueves, sin embargo, no se ha hablado de cantidades económicas.
Posibles despidos
Como consecuencia del incumplimiento de servicios mínimos, 648 empleados fueron expedientados. En este sentido, el consejero delegado de la compañía,
Ignacio González Velayos, ha asegurado que los trabajadores que "incitaron e incumplieron de forma grave la disciplina de la empresa tandrán su sanción correspondiente", incluido el despido.
El vicepresidente y portavoz del Gobierno regional,
Ignacio González, por su parte afirmó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que esperaba que "los tribunales tengan en cuenta los daños causados en la huelga salvaje para el conjunto de los madrileños". "Desde nuestro punto de vista la huelga fue totalmente ilegal porque supuso una vulneración de las obligaciones que tienen los trabajadores, que es respetar los servicios mínimos para que los ciudadanos puedan hacer uso de los servicios públicos", añadió.