El Ejecutivo regional eliminará la obligación de que los promotores de vivienda tengan que ceder a la Administración el 20 por ciento del suelo que van a urbanizar, como ocurría hasta ahora, según ha anunciado este jueves la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad, Ana Isabel Mariño.
La consejero adelantó este jueves durante el Pleno de la Asamblea que el PP presentará una enmienda para modificar el proyecto de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, con la que se eliminará la obligación de que los promotores tengan que ceder el 20 por ciento del suelo a las redes supramunicipales, que son las que van destinadas a la Comunidad para que construya infraestructuras y dotaciones públicas.
Esta medida, supondrá, según afirmó Mariño, el fin del "impuesto revolucionario", que soportaban los promotores de viviendas. Según los cálculos de la Consejería, la medida podría abaratar el precio del suelo en un 17 por ciento, lo que crearía más actividad económica. Según un portavoz del departamento encabezado por Mariño, desde la Ley del Suelo de 2001 la Comunidad se ha hecho con suficientes terrenos para construir viviendas públicas o protegidas, como las del Plan 45.000, con el que se quiere crear una red de alquiler estable.
El portavoz de la Consejería indicó a este digital que aunque el suelo no sea cedido a la Comunidad su uso va a seguir siendo social, ya sea para viviendas protegidas o para infraestructuras. Así el promotor no tiene que ceder el suelo, aunque tiene que destinarlo a servicios públicos en función de lo que dictamine el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, según la explicación de la Comunidad.
Patrimonio público
El portavoz socialista de Vivienda, Antonio Fernández Gordillo, indicó a
Madridiario que "la inmensa mayoría de los municipios no tienen adaptado el PGOU a la Ley del Suelo de 2001, por lo que en muchos casos no están pintadas las dotaciones públicas". Ello supondrá que, cuando no esté especificado su uso de antemano en las normas urbanística, el suelo se podría destinar a fines privados, afirmación que contrasta con la de la consejera, que en la Asamblea manifestó: "Los suelos van a seguir siendo públicos".
Según la Comunidad, la fórmula por la que un suelo en manos de un promotor privado podría destinarse a un uso público consistiría en que, a cambio de la construcción del equipamiento, el promotor obtendría beneficios; por ejemplo, en el caso de un pabellón polideportivo podría reservarse el uso de todos los locales comerciales.
El anuncio de la consejera se produjo ante la pregunta del portavoz socialista sobre el cambio de régimen del suelo conseguido por estas cesiones. En el proyecto de la Ley de Acompañamiento, el PP incluyó la posibilidad de que el suelo cedido a la Comunidad pasara de dominio público a patrimonio público, es decir que se pudiera vender a partir de 2011. El PSOE considera que "al enajenarse deja de ser público". Este cambio solo afectará a los suelos conseguidos hasta el momento, pues en el futuro el Gobierno regional no obtendrá más si se aprueba la enmienda para eliminar la cesión obligatoria, que en su día aprobada por consenso de todos los grupos políticos.