Tregua hasta fin de año. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, esquivaba este jueves cualquier valoración de calado de los problemas económicos por los que pasa el Ayuntamiento.
Todas las pelotas económicas que tiene el regidor están en tejados ajenos y a la espera de respuesta. Las nuevas que llegan rebotan contra el frontón del silencio municipal. En el ínterin, que va a durar hasta principios de 2011, Ruiz-Gallardón debe estar estudiando su estrategia de cara a los próximos meses, principalmente la campaña electoral, ya que asume unos
presupuestos municipales con muchas hipótesis.
La más importante es la deuda municipal a proveedores, que ha abierto un enorme agujero en la tesorería municipal. 900 millones de euros que, según el alcalde,
son culpa de Zapatero, porque
se ha negado a permitirle refinanciar sus vencimientos de deuda, mientras el Gobierno se lo permite a sí mismo y a las comunidades autónomas. Las cabezas de esta hidra financiera se multiplican. Y el alcalde, ante la necesidad, está intentando sacar dinero de debajo de las piedras.
Calcula que la Comunidad de Madrid entregará al Ayuntamiento 300 millones de euros en concepto de indemnización por
la privatización del Canal, en virtud del convenio sobre distribución de aguas que mantienen ambos organismos. Hasta nueva noticia esta cuenta es pura especulación porque
la Confederación Hidrográfica del Tajo cuestiona la legalidad de la liberalización de parte del patrimonio de la empresa regional, y el Canal no muestra nuevas cartas con respecto al proceso privatizador.
Inmutable
El primer edil ha contado con otros 190 millones del
traspaso del 51 por ciento de Mercamadrid a la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos. La propietaria del otro 49 por ciento, la empresa estatal Mercasa, está tratando de sacar réditos de la operación, explicando que quizás no sea legal esta maniobra (salvo que le den
más poder de decisión en la Junta Directiva). Ruiz-Gallardón minimizaba este jueves la amenaza de Mercasa de impedir la venta de acciones, ya que, sin su beneplácito, sí que tiene la posibilidad de ceder el usufructo de su parte.
Tampoco reciben respuesta sobre
la subrogación de la M-30, permitida inicialmente por Zapatero, aunque ya ha pasado el plazo. Parece ser que las condiciones que ha puesto sobre la mesa el Gobierno central son inasumibles para el municipal. En todo caso, el delegado de Hacienda, Juan Bravo, ya anunció que el Consistorio había guardado en el apartado presupuestario de créditos globales los 100 millones de euros que podía ahorrarse el municipio por la operación en materia de impuestos, por si finalmente no prosperaba.
El alcalde ni siquiera se inmuta cuando le preguntan qué le parece que
más de la mitad de los contratos irregulares detectados por la Cámara de Cuentas se produzcan en Madrid. "Más de la mitad de los contratos también se suscriben en la ciudad, así que es normal. De todas formas, varios informes han probado ya la transparencia en la gestión del Ayuntamiento de Madrid".