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Los funcionarios contra el 'tijeretazo'

Los funcionarios contra el 'tijeretazo'

Por MDO
lunes 31 de mayo de 2010, 00:00h
La primera movilización de los sindicatos contra el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo lugar el 8 de junio. El motivo fueron los recortes anunciados por el Gobierno para reducir el déficit. Entre las medidas que contemplaba ese primer ‘tijeretazo’, y que provocaron la airada reacción de los funcionarios, estaba la rebaja de un 5 por ciento del salario de los funcionarios públicos, la retirada del cheque bebé o la congelación de las pensiones.
El desencadenante de la ira de los sindicatos fue el anuncio, en el mes de mayo, de una serie de recortes impulsados por Bruselas que apuntaban directamente a la línea de flotación del denominado estado del bienestar. Los más criticados fueron la reducción en un 5 por ciento del salario de los funcionarios, la eliminación -a partir de 2011- de los 2.500 euros que se daba a las familias por el nacimiento o adopción de un hijo (el conocido como 'cheque bebé') y la congelación de las pensiones contributivas. Otras medidas incluidas en ese 'tijeretazo' eran la eliminación de la retroactividad en la aplicación de la ley de dependencia o un plan para reducir el gasto farmacéutico.

La reacción no se hizo esperar. Los sindicatos acusaron al Gobierno de pasar la factura de la crisis a los trabajadores y a los más desfavorecidos y escenificaron esta fractura con la convocatoria de esta huelga. José Ricardo Martínez, secretario general de UGT Madrid, tachó al Gobierno de "asustado e incapaz de tomar otras decisiones que no golpeen exclusivamente a los más necesitados", y propuso al Ejecutivo plantearse otras medidas "como el incremento de ingresos, gravar las bonificaciones fiscales, reformas estructurales tan sencillas como que paga más el que más tiene, que paga más el que más gana, basadas en la progresividad".

El responsable de CC OO en Madrid, Javier López, por su parte, denunció que las medidas del Gobierno "golpean todas a las rentas del trabajo -fundamentalmente a empleados públicos y pensionistas-, y ni una sola golpea a las rentas del capital". "No entendemos que se actúe sobre los pensionistas y no se haga nada contra las dotaciones que los consejos de administración de las grandes empresas hacen cada año a los fondos de pensiones de sus altos ejecutivos".

El 'tijeretazo' anunciado en mayo quebró así de forma definitiva la relativa armonía que había presidido hasta entonces la relación entre los sindicatos y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esa fractura se tradujo en la convocatoria de una huelga -a la que estaban llamados cerca de 400.000 funcionarios en Madrid- que sacó a la calle a 8.000 trabajadores de la función pública.

El impacto de esta primera movilización, no obstante, fue bastante limitado. En cuestión de cifras, como es habitual, no hubo acuerdo entre los sindicatos convocantes -CC.OO., UGT y CSI-CSIF- y las administraciones. Los primeros cifraron el seguimiento de este 8-J en un 72 por ciento, mientras que el ejecutivo central rebajaba el paro hasta un 11,85 por ciento, la Comunidad Autónoma lo situaba en un 8,25 por ciento y el ayuntamiento de Madrid hablaba de un 10,25 por ciento.

Al margen de esta habitual guerra de cifras, lo cierto es que el paro apenas se dejó ver en las calles de la capital. Sus mayores efectos se notaron en el tráfico, en la estación de Atocha -donde una movilización paralela de los conductores del AVE provocó retrasos en los trenes a Sevilla y Málaga- o en la bolsa de Madrid, donde un grupo de bomberos irrumpió para protestar por su situación. Los estudiantes que se examinaban de Selectividad también sufrieron las consecuencias del paro, ya que su examen -convocado en principio para los días 7, 8 y 9 de junio- tuvo que retrasarse un día para evitar complicaciones.

El paro, además, sirvió para que sindicatos y administraciones midiesen sus fuerzas de cara a una huelga general que se celebró, finalmente, el 29 de septiembre. En la manifestación que recorrió el centro de Madrid -conscientes de que la huelga no había tenido el apoyo esperado-, los representantes sindicales desvincularon esta movilización de esa posterior huelga general. En concreto, Javier López y José Ricardo Martínez, condicionaron la celebración de ese paro general a que el Gobierno "siga adelante con su plan de recortar derechos a los trabajadores, a los pensionistas y a los que no han provocado esta crisis".
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