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La Comisión de Educación saca adelante el proyecto de ley de autoridad

La Comisión de Educación saca adelante el proyecto de ley de autoridad

Por MDO/E.P.
miércoles 19 de mayo de 2010, 00:00h
La Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid ha aprobado este miércoles el dictamen sobre el proyecto de ley de Autoridad Pública del Profesorado en la Comunidad de Madrid. Los votos del Grupo Parlamentario Popular bastaron para sacarlo adelante, ya que la Oposición ha tildado la futura normativa de "descafeinada" y "ley placebo".
La Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid sacó adelante este miércoles el dictamen sobre el proyecto de ley de Autoridad Pública del Profesorado en la Comunidad de Madrid con los votos a favor del Grupo Parlamentario Popular, que calificó el texto de "acierto", y el rechazo de la Oposición (Grupo Parlamentario de PSOE e IU), que tildaron la futura normativa de "descafeinada" y "ley placebo".

Después de que la Comisión haya elaborado un informe con el análisis de la futura normativa, de la que se verán beneficiados en torno a unos 75.000 profesores (más de 67.000 docentes de la pública y la concertada junto con los casi 9.000 que hay en la enseñanza privada), el proyecto de ley pasará al Pleno de la Asamblea del próximo 10 de junio, para su posterior aprobación.

Se trata de uno de los anuncios 'estrella' de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que dio a conocer esta medida en el último debate sobre el estado de la región, celebrado el pasado mes de septiembre, y que coincidió, precisamente, con el caso de un padre que intentó agredir e insultó a un profesor y a la directora de un centro escolar de Vallecas.

La polémica llegó en el mismo momento en que se produjo el anuncio, dirigido en un principio sólo a profesores de centros públicos, pues desde la oposición y el propio Ministerio de Educación, que avalaban el refuerzo de la figura del docente, recordaron que la autoridad pública era un concepto que ya estaba recogido en el Código Penal y que la Fiscalía aplicaba.

El nuevo texto, sin apenas modificaciones más allá de las "correcciones técnicas y gramaticales" sigue contemplando, como uno de los puntos fuertes, la condición de autoridad pública de los directores, miembros del equipo directivo y profesores, que gozarán de la "protección reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico", según reza el texto. Asimismo, en el ejercicio de sus competencias disciplinarias, los hechos constatados por los directores y demás miembros de los órganos de gobierno, así como por los profesores "gozan de presunción de veracidad" cuando se formalicen por escrito en un documento que cuente con los requisitos establecidos reglamentariamente. Además, contarán con asistencia jurídica así como con la cobertura de su responsabilidad civil.

Podrán ser objeto de medidas disciplinarias las conductas contrarias a las normas de convivencia que sean realizadas por los alumnos dentro del recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares, así como durante la prestación de los servicios de comedor y transporte escolar, "en los términos previstos en el Decreto que establezca el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad".

Tal y como pedía el PSOE, las medidas correctoras aplicadas "deben guardar proporción con la naturaleza y gravedad de la falta cometida, deben poseer un valor añadido de carácter educativo y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro". También se podrán sancionar conductas que, aunque tengan lugar fuera del recinto escolar, estén motivadas o relacionadas con la vida escolar y afecte a algún miembro de la comunidad educativa. Cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito o falta, deberán comunicarse al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de que se tomen las medidas cautelares oportunas. No obstante, se podrán adoptar medidas provisionales con carácter cautelar por parte del profesor "de acuerdo con el principio de proporcionalidad", unas medidas que tendrán que comunicarse a los padres y que podrán ser revocadas o modificadas por el director "en cualquier momento".

Por otro lado, los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación, siendo los padres los que asumirán la responsabilidad civil que les corresponda. Cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral a los profesores se deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, bien en público o en privado, "según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para imponer la corrección".

Para PP, que sacó adelante el texto con 10 votos a favor, la ley es todo un "acierto" y como señaló su portavoz en la Comisión, Juan Soler, están a favor de la normativa, que aunque no lo va a arreglar de golpe "todo", sí establece los "marcos" para ir cambiando las cosas "poco a poco", por lo que considera que la oposición no se sume, pues tiene "el aplauso de la comunidad educativa". A su juicio, desde el PP han "tendido la mano" a la oposición, y mediante "enmiendas técnicas y gramaticales", se han incorporado algunas de las cosas que la oposición quería enmendar con sus enmiendas parciales. No obstante, criticó que desde las otras bancadas se digan cosas como que el hecho de que el profesor tenga presunción de veracidad vaya a afectar al alumno.

Por su parte, el PSOE, que presentó ocho enmiendas, tildó el trabajo de la Comisión de "un cordial paripé" en el que el PP ha aceptado "alguna cosilla" que finalmente se decidió por acuerdo de los tres portavoces incorporar pero que no recogen, en absoluto, sus pretensiones, pues considera que la labor del docente no sólo se destaca "desde la palabra" sino con el "apoyo".

Así lo manifestó su portavoz en la Comisión, Fátima Peinado, quien señaló que es un proyecto "propuesto al calor de unos sucesos", en relación al altercado de Vallecas, y que la presidenta madrileña "aprovechó el tirón mediático para ponerlo en la picota de la opinión pública". En general, tildó la normativa de "ley placebo porque no va a tener otra función y no va a servir para solucionar nada". En todo caso, indicó que lo que puede traer son problemas "por la inaplicabilidad que tiene a efectos jurídicos" y por conceptos recogidos como el de la presunción de veracidad. "Lo de la veracidad puede llevarle a consecuencias serias, puede haber casos que los padres presenten denuncia con prueba en contrario y esa presunción de veracidad no se puede mantener", indicó.

 IU, que presentó 18 enmiendas, por su parte, sólo aprobadas por los socialistas, insistió en su preocupación por los problemas de convivencia que puedan darse, sobre todo, en la escuela pública, por lo que su portavoz, Eulalia Vaquero, reclamó un "buen clima de trabajo, respeto y confianza" que, en su opinión, "no se consigue por decreto sino que se debe trabajar desde la propia convivencia en el aula". Según Vaquero, la autoridad pública que quiere el PP es "descafeinada" y no plantea novedad. "No aporta absolutamente nada que no estuviera ya contemplado", indicó la parlamentaria, quien lamentó el "fraude" que va a suponer para la gente que ha creído que esta normativa podía cambiar algo. "Hay mucho autobombo en un momento muy oportuno, a la pública no les aporta nada y a los concertados, todavía menos", aseguró.

La oposición, en definitiva, que rechazó el texto con ocho votos en contra, considera que no se han tenido en cuenta sus peticiones, y eso que, apuntan, se han recogido muchos puntos establecidos en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en 2007 por los sindicatos y respaldada por la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
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