La Comunidad ha negado este martes, durante la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, que existan anomalías o se medique "en exceso" a los 129 menores con trastornos de conducta que a día de hoy se encuentran internos en los cinco centros destinados al efecto con los que cuenta la región.
La polémica sobre el tratamiento de los menores internos por padecimiento de enfermedades mentales en la Comunidad surgió
en febrero del año pasado cuando el
Defensor del Pueblo presentó
un informe en el que se denunciaba que en algunos centros terapéuticos se practicaban "contenciones", así como sanciones "desproporcionadas y humillantes". El Defensor alertaba de que "muchos centros" vulneraban los derechos de los menores, maniatándoles, o prohibiéndoles la asistencia al centro escolar.
Este informe se complementa con
otro publicado en diciembre de 2009 por la ONG
Aministía Internacional que alertaba de la situación de "desprotección y de abusos contra los derechos de niños y niñas a su paso por los centros de protección terapéuticos".
A este respecto, la diputada socialista
Mercedes Díaz Massó ha requerido a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, durante la Comisión de este martes en la Asamblea de Madrid, que diera explicaciones sobre el control que el Gobierno regional lleva a cabo con estos menores. La diputada ha señalado que existen multitud de denuncias, entre las que citó las sucedidas en
Galapagar, sobre las prácticas "abusivas" de los centros terpéticos de la región. Asimismo, Díaz aseguró que muchos menores son sometidos a "maltrato psicológico, se les atiborra de pastillas y, en muchas ocasiones, se ven privados de su libertad".
A este respecto la diputada popular
Paloma Martín aseguró que todos los centros de la región son inspeccionados periódicamente y que estas inspecciones "a día de hoy no han detectado anomalías". "Si estó fuera así, seríamos los primeros que exigiríamos las responsabilidades correspondientes", agregó. No obstante, Martín aseguró que según estudios de especialistas, "el empleo de medios coercitivos en estos casos puede llegar a ser necesario". La diputada negó además que los menores estén "sobremedicados" ya que "son los psiquiatras los que determinan la medicación en cada caso".
La Comunidad de Madrid cuenta con los siguientes centros terapéuticos para menores:
Sirio I y
Sirio II, ambos gestionados por Nuevo Futuro;
Santa Lucía, en Ambite, gestionado por Dianova;
La Berzosa, en Berzosa de Lozoya, gestionado por CITAP;
Picón de Jarama, en Paracuellos del Jarama, gestionado por la Fundación O'Belén; y
Galapagar, en la localidad homónima, gestionado por Consulting. Están destinados a tratar patologías como trastornos límites de la personalidad, trastornos bipolares o esquizofrenia en menores cuyos padres no han podido hacerse cargo de su cuidado.
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