Madrid rebaja a 15.000 los vecinos de La Cañada

Después de que la Comunidad abriera el melón de la regularización de la Cañada Real, el Ayuntamiento de la capital se ha puesto manos a la obra y ha calculado cuántas personas viven en el tramo del asentamiento que pasa por su término municipal. El resultado, una vez analizados el padrón, las órdenes de derribo, los expedientes abiertos  y las fotos aéreas realizadas sobre esta zona, arrojaría una cifra de unas 15.000 personas, muy por debajo de las estimaciones que se barajaban hasta ahora y que apuntaban a 40.000 o 50.000 habitantes.

De esas 15.000, el Ayuntamiento calcula que, según los primeros estudios, en torno a 3.000 tendrían derecho a realojo. Así lo explicó la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, en declaraciones a Madridiario. "Habría, no obstante que esperar a hacer un censo riguroso, casa por casa, para determinar la población existente y las circunstancias de cada una de las familias que allí viven".

En principio, Martínez opina que muy pocos de esos realojos podrían localizarse en la zona de la Cañada, incluso después de una hipotética regularización. Según precisó, hay sectores como el IV y el V que tendrían que quedar deshabitados, ya que la ley impide la existencia de viviendas en las cercanías de un vertedero como el de Valdemingómez.

La delegada considera que es preciso eliminar cualquier plazo de la ley que estudia la Asamblea de Madrid para que los ayuntamientos puedan llegar a un acuerdo sobre cómo se acometería la integración social de la población. Esa fue, precisamente, la causa por la que los Ayuntamienti implicados -Madrid, Coslada y Rivas- se opusieron al anteproyecto de la Comunidad en el que indicaba que si en dos años desde la aprobación de la ley no se alcanzaba un acuerdo la Comunidad podría eenajenar los terrenos y venderlos a sus ocupantes. Martínez recuerda que el IRIS ha necesitado diez años para realojar a unas 2.000 familias .

A pesar del interés de Madrid,  la delegada reconoció que el Ayuntamiento  no está siendo informada de las negociaciones de los parlamentarios autonómicos, por lo que desconoce si van a ser atendidas las demandas del conjunto de los municipios.