El Defensor del Pueblo abrió una queja de oficio por los requisitos que pone el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a los inmigrantes para empadronarse en la localidad.
Después de conocer que el Consistorio torrejonero obliga a los inmigrantes que quieran empadronarse en el municipio a tener la documentación en regla, que su pasaporte no tenga visado de turista y que el espacio en el que vivan sea como mínimo de 20 metros cuadrados por persona, la institución ha decidido abrir una queja de oficio, que complemente a la que fue presentada por el Grupo Municipal de IU en el mes de julio.
Desde la institución explicaron que IU de la localidad presentó una queja ante el Defensor del Pueblo porque fue desestimada una moción que habían interpuesto contra la normativa del Ayuntamiento relativa al empadronamiento de inmigrantes.
Cuando recibió la queja, el Defensor reclamó a la coalición de izquierdas que le canalizara casos de particulares afectados por la normativa. No obstante, a la vista de las últimas informaciones y de que IU no les ha notificado ningún caso con nombres y apellidos, la institución ha decidido abrir una queja de oficio para esclarecer los hechos y determinar si ha habido irregularidades.
"Cumplir la ley"
Por su parte, el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, exigió al Gobierno de la Comunidad de Madrid que obligue al Ayuntamiento torrejonense a "cumplir la ley". El líder de los socialistas madrileños calificó de "inaceptable" que "no se esté cumpliendo la ley" en este sentido. "Exigimos al Gobierno de la Comunidad que obligue al Gobierno municipal de Torrejón a cumplir la ley... tanto que se insta (desde el PP) en todos los territorios al cumplimiento del Estado de Derecho", apuntó.
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Así, señaló que la normativa sobre el empadronamiento en los ayuntamientos corresponde a una ley que aprobó en su día el actual presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, "cuando era ministro de Administraciones Públicas". A su juicio, esta exigencia del cumplimiento legal, también por parte de Rajoy, tendría que llevarse a cabo en lo que Gómez consideró un acto de "coherencia, honestidad política y de respeto a la ley y a los derechos".
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