El fiscal apela la sentencia sobre las afiliaciones irregulares al PP

En el recurso de la Fiscalía, hecho público este jueves, el Ministerio Público madrileño solicita una rebaja de la condena impuesta y pide la imposición de una pena de cinco meses de cárcel sustituible por una multa de 4.500 euros. El motivo es que considera que la sentencia aplica indebidamente el artículo del Código Penal que regula el delito de revelación de secretos.

El escrito también recuerda que el fiscal solicitó en el juicio que se rebajara en dos grados la pena, al aplicar la eximente incompleta de obrar en el ejercicio legítimo de un derecho o cargo, y la sentencia sólo rebaja la pena en un grado.

Por tanto, la Fiscalía madrileña pide que la condena se rebaje a los términos expuestos en las conclusiones definitivas planteadas en el juicio celebrado en 2009, según las cuales procedía imponer a cada acusado la citada pena de prisión que, en opinión del Ministerio Público debería sustituirse por una multa de 4.500 euros para cada uno de los dos periodistas (300 cuotas de multa con una cuota diaria de 10 euros y una pena de cinco meses de multa a razón de una cuota diaria de 10 euros).

El magistrado-juez Ricardo Rodríguez Fernández, titular del Juzgado de lo Penal nº 16 de Madrid, impuso a Anido e Irago, además de la mencionada pena de prisión e inhabilitación,  una "inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo" durante el tiempo de privación de libertad.

Contra la libertad de expresión
Tras conocer el fallo, un portavoz de la SER aseguró que la sentencia causaba "cuando menos perplejidad" y suponía "un claro atentado contra los principios constitucionales de la libertad de expresión e información y constituye un riesgo sin precedentes para el ejercicio de la profesión periodística", al tiempo que anunció la presentación del correspondiente recurso.

La condena imponía también el pago de una multa diaria de 100 euros durante seis meses y de una indemnización de 5.000 euros para cada uno de los denunciantes. Por su parte, la SER señaló que las irregularidades en el proceso electoral interno habían sido denunciadas por escrito en junio de 2003 por dirigentes del propio Partido Popular madrileño, y estaban relacionadas "con la batalla interna que mantenían Esperanza Aguirre y Ricardo Romero de Tejada contra Alberto Ruiz-Gallardón".

También aclaraba que el juez decía que la protección constitucional al derecho a la información se refiere a la televisión, radio o prensa escrita, pero que debe matizarse en Internet, argumentando que no es un medio de comunicación social en sentido estricto.