La Sanidad cambia para siempre. El PP aprobó en noviembre gracias a su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid la mayor reforma de los últimos 20 años: la ley de libertad de elección y el área única. Para la Comunidad de Madrid, un acto de "libertad". Para sus detractores, un "desastre", el fin de un sistema con grave falta de inversión y planificación, precisamente los dos pilares que quedan derrumbados a su juicio con la nueva ley.
Como informó
Madridiario (
ver especial) a partir de ahora cualquier madrileño podrá elegir cualquier médico, enfermera y especialista en cualquier centro sanitario de la región, esté donde esté y cambiando tantas veces como quiera si hay disponibilidad. La libertad, recalcó el consejero Juan José Güemes, se ejercerá plenamente y la competencia entre centros -si tiene menos pacientes, recibirán menos recursos- hará aumentar la calidad. Así, la Administración sabrá dónde hay que invertir gracias a los movimientos de los usuarios.
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La oposición política, las centrales, los sindicatos profesionales, la Federación de Asociaciones de Vecinos, las asociaciones de defensa de la sanidad, las organizaciones de usuarios y los médicos no se opusieron a esto último. En cambio, rechazaron de plano la segunda parte que logró "colar" el Gobierno de Esperanza Aguirre: el área única sanitaria.
Amparo al Defensor del Pueblo La nueva ordenación supone subvertir toda la planificación existente. Las once áreas sanitarias quedaran derogadas a partir de 2010 para crear una sola. UGT y CCOO pidieron amparo al Defensor del Pueblo porque esto contraviene la ley actual, que dicta que las áreas de salud no pueden sobrepasar los 250.000 habitantes y que, llegado un determinado nivel de población por zona, la Administración está obligada a construir centros sanitarios. Con el área única, "el dinero seguirá al paciente", como subrayaba el propio consejero. Con el área única, según el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, el sistema será “irrecuperable”.
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Caridad García (IU) achacó a Juan José Güemes que ésta ley tiene su origen en una ponencia del PP del ya famoso congreso de Valencia. Esta ponencia apostaba por introducir a la empresa privada en los servicios públicos. Donde no fuera posible hacerlo directamente, decía el texto, se subvencionaría el servicio o se darían "tickets o vales" al usuario. "La Sanidad es un derecho de los ciudadanos y no de un Congreso del Partido Popular", espetó durante el pleno de aprobación la diputada de IU.
Lucas Fernández (PSOE), que tuvo que ser advertido por la vicepresidenta de la Asamblea, calificó a Güemes de "ignorante", "chapucero", "inculto" por la propia redacción de la ley: cinco páginas donde se admite que la libertad de elección, limitada a la organización del área sanitaria, ya existe. Javier Rodríguez, portavoz de Sanidad popular, afirmó que "es posible" que las sociedades médicas, de usuarios, sindicatos y otros colectivos se opusieran frontalmente a la nueva ley, pero advirtió que después no lo demostraban cuando se han convocado huelgas contra la misma.
Problemas de implantación y fechas .jpg)
Esperanza Aguirre aseguró en pleno debate que la oposición no quería esta ley porque "puede que desaparezcan muchos liberados sindicales", uno de los colectivos contra los que el Ejecutivo regional declaró batalla abierta por costar "30 millones de euros al año a los madrileños", según los populares. Chateando en
Madridiario con los lectores, el consejero de Sanidad advirtió que "la Sanidad es de los usuarios, no de los sindicatos".
IU y PSOE contraatacaron: efectivamente no querían la ley, pero es que tampoco la quieren ni los pacientes -sólo el 2% querría cambiar de médico- ni los propios médicos. ¿Por qué ponerla en marcha entonces? La presidenta admitió sin ambages que la libertad de elección "tendrá dificultades de implantación". Y no pocas según las fuentes del sistema sanitario consultadas por este digital
. La cita electrónica está implantada pero su uso es muy limitado y la receta electrónica ni si quiera tiene fecha. Tampoco la historia clínica digital sin la que la libertad de movimientos es imposible. La Comunidad aseguró que todo será realidad en el primer semestre de 2010.