Aunque la manifestación estaba prevista para las 11.00 horas, los problemas de tráfico se producían desde la madrugada y se prolongaron despúes con incidentes y detenciones incluidas. Algunos conductores provocaron retenciones de tráfico en el Paseo de la
Castellana, cortaron la plaza de
Cibeles, bloquearon el eje
Prado-Recoletos y
Alfonso XII e incluso el acceso a la estación de Atocha hasta bien entrada la tarde cuando conocieron que el Congreso de los Diputados hacía caso omiso a y aprobaba la Ley.

Por la mañana ya se sucedían los problemas. Ni en el aeropuerto ni en las estaciones ni en las paradas ni por radiotaxi se cogían viajeros. Se provocaban cortes que obligaban a aplicarse a los agentes de Movilidad. Los
piquetes hacían que fuesen pocos los que salían a la calle con la luz verde en lo alto de su vehículo Ante el panorama, el Ayuntamiento de Madrid solicitó de urgencia a la Delegación de Gobierno que activase el plan de prevención y movilidad para poner solución al cáos circulatorio en el centro de la capital.
La protesta derivó en casos aislados de violencia. La Policía Nacional
detuvo a cinco taxistas acusados de violentar a otros compañeros e identificó a otros 33 por diversos motivos de alteración del orden público, según informaron a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, que no descarban a las 21 horas más detenciones. CCOO, cuya sede se encuentra en las proximidades de la glorieta de Atocha, denunció un
intento de asalto a su sede "por extremistas de la manifestación de taxis", por lo que exigió a los responsables políticos que dejen de calentar el ambiente.
Aunque el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Mariano Sánchez, negó en declaraciones a
Europa Press que se hayan producido piquetes ni una huelga encubierta del servicio tras la marcha, los incidentes desbordaron todas las previsiones. De hecho, no está garantizado que los conductores, organizados o no, sigan con los paros este viernes.
Habrá cambios
El 90 por ciento de los taxistas secundaron la convocatoria de paro efectuada por la Asociación de Autopatronos contra la desregulación de la prestación del servicio de arrendamiento de vehículos con conductor.
Para los sindicatos, esta medida, nacida de la adaptación obligada a la ley española de una normativa europea, suprime la posibilidad de que las administraciones fijen tarifas de viaje. Así, el
precio podría ser
acordado entre particular y prestatario con efecto interterritorial. Esta decisión pone en peligro de desaparición a 70.000 taxistas de toda España, según los organizadores. En el último momento, el sindicato Uniatramc-UGT se descolgaba de la manifestación al llegar a un acuerdo con el Grupo Socialista en el Congreso, que se comprometía a eliminar los efectos más adversos de la modificación legislativa en este colectivo.
Aguirre esquiva dar su opinión
El Ayuntamiento de Madrid, que este jueves celebraba su Junta de Gobierno, apoyó las reclamaciones de los taxistas. El alcalde,
Alberto Ruiz-Gallardón, explicó que la Ley ya contempla la posibilidad de una liberalización a través de la interpretación del texto actual, sin perjuicio de los servicios públicos. Menos clara fue la presidenta de la Comunidad.
Esperanza Aguirre fue interrogada por un periodista sobre la opinión que tenía, como reconocida liberal que es, de la liberalización del sector del taxi. La presidenta, sorprendida con la pregunta, respondió con sorna y se negó a dar una respuesta que según ella pretendía obtener una respuesta concreta.