La asociación de profesionales de la magistratura denuncia que la administración de Justicia, tal como se encuentra configurada en estos momentos, resulta insuficiente para atender las necesidades de la sociedad a la que va dirigida.
Según explicó esta organización en una jornada organizada por la Sección Territorial de Madrid de la Asociación Profesional de la Magistratura y la Fundación Ciudadanía y Valores bajo el título 'Reflexiones sobre los actuales problemas de la Justicia en España', "las respuestas que se han dado no han sido más que meros parches y remedios coyunturales que no resuelven el problema.
A la tradicional escasez de medios personales y materiales se une la antigüedad de las normas procesales que resultan inadecuadas e insuficientes para desempeñar con eficacia la función de administrar justicia, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado". Por último, agregan que existe una falta de aprecio institucional por la labor de los jueces y magistrados que desempeñan sus funciones en condiciones verdaderamente precarias.
Concretamente, los problemas de la administración de Justicia actual radican en la insuficiencia de órganos judiciales y la necesidad de especialización de los mismos, siendo necesaria la reestructuración de la Planta y Demarcación Judicial; la escasa inversión en la Administración de Justicia, proponiendo el incremento de la misma de acuerdo con la media Europea, pasando del 1 por ciento actual al 3,5 por ciento en un plazo máximo de 5 años; los insuficientes recursos personales, materiales y técnicos; la necesidad de implantar las nuevas tecnologías al quehacer diario de los Juzgados; el retraso en la implantación de la oficina judicial, proponiéndose el definitivo y completo desarrollo de la misma con fecha límite de 1 de Enero de 2010 y delimitando claramente las funciones y responsabilidades que corresponden a los Jueces y Magistrados y a los Secretarios Judiciales.
También remarcan la necesidad de impulsar la tramitación parlamentaria de las reformas procesales necesarias para su implantación; la falta de la adecuada coordinación entre los distintos intervinientes en la Administración de Justicia: Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas y Colegios Profesionales, debiendo aumentar el diálogo, consenso y ejecución de planes de actuación conjunta.
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