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Los eurodiputados presentarán el 27 de marzo su informe de conclusiones

El Parlamento Europeo estudiará la semana próxima el informe sobre el urbanismo en Madrid

viernes 23 de marzo de 2007, 00:00h
Los eurodiputados que integraron la misión del Parlamento Europeo que viajó a Madrid, la Comunidad Valenciana y Almería para estudiar las denuncias contra el urbanismo en varias localidades presentarán el martes que viene, 27 de marzo, su informe de conclusiones ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, que celebrará un debate en que también participarán representantes de la Comisión Europea, indicaron fuentes parlamentarias.
El presidente de la comisión parlamentaria, el conservador polaco Marcin Libicki, y uno de sus vicepresidentes, el socialista británico Michael Cashman, viajaron a España a finales de febrero y principios de marzo, donde visitaron Almería, la localidad madrileña de Galapagar y más de una decena de municipios en la Comunidad Valenciana contra cuyas políticas de urbanismo los ciudadanos habían presentado miles de denuncias ante la comisión de Peticiones.

Después de estudiar sobre el terreno la situación, Libicki y Cashman se dirigirán la semana que viene a la comisión de Peticiones con un documento sobre sus conclusiones, que será discutido junto a representantes de todos los grupos políticos y de la Comisión Europea.

Ésta no es la primera vez que la comisión parlamentaria se pronuncia sobre el urbanismo español y, de hecho, esta última visita es la tercera que realizan miembros de la Eurocámara a España para analizar hechos similares, si bien las otras dos anteriores estuvieron centradas en la Comunidad Valenciana.

Como consecuencia, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó en diciembre de 2005 un informe contra la norma que entonces regulaba en la Comunidad Valenciana estas actividades, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que elaboró la liberal francesa y miembro del comité de Peticiones, Janelli Fourtou.

La Eurocámara constató entonces que el incremento "de manera muy notable" de las denuncias por abusos urbanísticos y "casos de corrupción", así como "falta de transparencia" de la norma y solicitó "urgentemente" la suspensión de la tramitación y aprobación de programas de actuación integrada (PAI) en suelos no urbanizables.

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