Gómez pide una investigación profunda sobre los centros de menores
Por MDO/E.P.
lunes 16 de febrero de 2009, 00:00h
Actualizado: 17/02/2009 11:40h
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, pidió este lunes al fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, que abra una investigación "profunda" sobre la situación de los centros de menores tras la denuncia del Defensor del Pueblo y criticó que saliese la pasada semana para "prejuzgar" los hechos acompañado de la responsable de la Consejería de Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo.
Se trata de una decisión acordada hoy por la Ejecutiva del PSM, tras considerar "inadmisible" que Moix comparezca con la responsable de la institución que supuestamente tiene que investigar y que diga que "está todo de maravilla". Señaló la necesidad de que se abra una investigación "profunda y seria" sobre los centros de menores porque existen "muchos testimonios e indicios fundados de determinadas conductas, y es la obligación del fiscal abrir una investigación obteniendo datos, información, y contrastando datos e hipótesis", añadió.
A su juicio, "con lo que ha caído la semana pasada, es muchísimo más grave esa comparecencia pública, esa rueda de prensa pública que todo lo que ha llovido acerca de la famosa cacería que se celebró hace unos días" porque Moix "lo que tiene que hacer es investigar, no prejuzgar".
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, comparecerá este martes en el Senado ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para explicar el informe elaborado por esta institución.
A raíz de la publicación del informe, el Gobierno solicitó a la Fiscalía General del Estado una investigación sobre los centros de menores con trastornos de conducta, y los grupos parlamentarios del PP y de ERC-IU-ICV solicitaron la comparecencia del propio fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para informar sobre los casos de malos tratos.
Modificación de la Ley
Además, IU solicitó un modificación en la Ley del Menor para que se garantice que este tipo de centros "son públicos con garantías públicas", ya que, en opinión del diputado Gaspar Llamazares, "la privatización de estos centros es lo que ha conllevado una desprofesionalización, un deterioro en la atención a los menores y, en algunos casos, actuaciones ilegales".
Por su parte, el PSOE ha pedido también en el Congreso que se redacte "un catálogo de buenas prácticas" que sirva al intercambio de experiencias y formación especializada y continuada de los educadores.