Cobo compareció en rueda de prensa para anunciar su decisión y aseguró que la agenda personal del vicealcalde en esos días se corresponde a los datos publicados, al igual que ocurría con la de Ignacio González. Descartó que haya un 'topo' en el Consistorio que haya filtrado los datos, ya que esa información no la tiene nadie, y recalcó que la jerga utilizada en los supuestos informes de seguimiento es la que utilizan los operativos policiales habitualmente.
El edil ha tomado esta decisión después de que el diario 'El País' revelase que habría sido seguido en abril de 2009 por un grupo de ex-policías supuestamente contratados por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que según sus responsables sólo realizan labores de "contravigilancia y seguridad en edificios públicos". Su denuncia se suma a las que el vicepresidente regional y el propio Ejecutivo de Esperanza Aguirre presentaron este martes a raiz de que se hiciese público que Ignacio González había sido grabado durante varios viajes personales con cámara oculta.
Un montaje contra Aguirre
La Comunidad de Madrid niega en rotundo tener nada que ver con estos hechos y achaha toda la polémica a un "montaje" para lograr "el derribo del Gobierno de Esperanza Aguirre". Este miércoles, en un acto conjunto con Ignacio González, Francisco Granados ha reiterado que tanto el vicepresidente como el vicealcalde son víctimas de este supuesto entramado. Manuel Cobo, a pesar de la guerra que mantienen Comunidad y Ayuntamiento, se ha mostrado cauto asegurando que "no sé quién está detrás del seguimiento". Ahora bien, el presidente fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, apunta en una dirección muy clara: "Desgraciadamente hay algunas cuestiones que no están resueltas en este momento entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento", según recogió Europa Press.
Quién ha sido el autor, quién ha ordenado los seguimientos y con qué fines son las preguntas que flotan en el ambiento político regional y nacional. Mariano Rajoy ha asegurado que se fía tanto de Esperanza Aguirre como de Alberto Ruiz-Gallardón, que le han asegurado no tener ningún tipo de vinculación con los hechos, pero en la sede de Génova se han disparado igualmente las alarmas ya que este escándalo se añade al de la pelea por el control de Caja Madrid. El propio Manuel Cobo, último afectado, ha hablado este miércoles con Rajoy, con la presidenta regional y con Granados, aunque no quiso revelar el contenido de esas conversaciones.
Crisis "no asumible" y "vergüenza nacional"
La 'teoría de la conspiración' ha llegado hasta el Congreso de los Diputados. Aunque el edificio de la Carrera de San Jerónimo no celebra plenos estos días, Izquierda Unida ha presentado varias iniciativas para que el Ministerio del Interior aclare si ha autorizado al departamento de Francisco Granados a realizar "contravigilancia" sobre personas o si tiene alguna información al respecto. La portavoz en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, ha exigido a Esperanza Aguirre que abra una investigación interna en su Gobierno.
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La situación para el PSOE es de "crisis no asumible" y "vergüenza nacional" en el Gobierno popular de Madrid. El vicesecretario general de los socialistas, José Blanco, atribuyó los últimos acontecimientos a la "lucha por el poder económico y político" entre los populares, donde, recalcó, Mariano Rajoy "no tiene autoridad para poner fin a esta guerra sin cuartel". Elvira Rodríguez, presidenta de la Asamblea de Madrid, cree que si "Granados ha hecho lo que no debe debería ser cesado", pero de momento no hay ningún hecho probado. El propio consejero de Interior comparecerá la próxima semana ante la Cámara madrileña para explicar su versión de lo ocurrido.
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