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EL TSJM anula el Decreto Antitabaco de Aguirre

EL TSJM anula el Decreto Antitabaco de Aguirre

Por MDO/E.P.
martes 20 de enero de 2009, 00:00h

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el Decreto aprobado el 2 de noviembre de 2006 por el Gobierno regional que reguló una serie de medidas sanitarias frente al tabaquismo, así como la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco en la región, informó este martes el TSJM. La Comunidad por su parte ya ha anunciado que estudiará si recurrir la sentencia dentro del "ambito de sus competencias".

En una sentencia hecha pública este martes, dictada el pasado 30 de diciembre, el Alto Tribunal madrileño da la razón al Ministerio de Sanidad y Consumo, a la Asociación No Fumadores Org. y a la Asociación de Consumidores y Usuarios (OCU) al estimar sus recursos contra la norma de Esperanza Aguirre.

La normativa de Aguirre levantó polvareda al permitir fumar en las cafeterías de los centros de trabajo, en los reservados de restaurantes durante celebraciones privadas y en actos institucionales. Ahora, la Sección Novena del TSJM, que preside el magistrado Ramón Verón Olarte, concluye que resulta "procedente" anular de pleno derecho el decreto por "haberse omitido en su elaboración el informe preceptivo del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid", sentencia.

Ldefensa del Gobierno regional alegó que no era "exigible su solicitud en la elaboración del decreto", haciendo uso de "las competencias reconocidas en el artículo 27.4 del Estatuto de Autonomía, en lo relativo a la Sanidad e Higiene, y no de las competencias que recoge el artículo 27.10, de consumidores y usuarios.

Frente a ello, el TSJM se muestra contrario a su tesis. Arguye que "no puede restringirse" ese artículo, pues "cuando el legislador dispuso que el Consejo de Consumo debía informar preceptivamente en las normas reglamentarias que afectaban a los consumidores no especificó que debían ser normas dictadas en el ejercicio de las competencias asumidas por la Comunidad de Madrid en materia de consumo, sino que solo expresó que debían ser normas que afectasen a los consumidores directamente".

En su recurso, la Asociación de Consumidores y Usuarios estimó que "se había omitido un trámite esencial como es la ausencia del preceptivo informe del Consejo de Consumo" que es "preceptivo en la elaboración de las disposiciones generales que afectan directamente a los consumidores".

Por su parte, la Abogacía del Estado, en nombre del Ejecutivo, impugnó el Decreto al entender que "las Comunidades Autónomas en el legítimo ejercicio de sus competencias pueden desarrollar la legislación básica estatal, pero no contravenirla". "Y, en el caso presente, el Decreto impugnado contraviene la Ley estatal", afirmó.

La defensa de la Comunidad de Madrid se escudaba en la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional que establecía que la normativa básica estatal "no puede impedir el ejercicio por las Comunidades Autónomas de sus competencias de desarrollo legislativo y de ejecución, pudiendo así introducir políticas propias que han de respetar en todo caso el marco básico estatal".

Posible recurso de la Comunidad

La viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Belén Prado, afirmó que los servicios jurídicos de la Comunidad estudiarán en los próximos días si recurren o no la sentencia. "Lo que pido es que cualquier decisión que tome la Comunidad de Madrid se respete porque la ejercitará en el ámbito de sus competencias, como cualquier otra Administración", afirmó Prado y señaló que, actualmente, hay recursos de casación del Ministerio de Sanidad ante el Decreto de la Comunidad Valenciana o ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de admitir sólo en parte las reivindicaciones del Ministerio que están siendo respetados.

Asimismo, señaló que la nulidad es "únicamente por un defecto de forma, por no haber dado audiencia al Consejo de Consumo, frente al critero de la Comunidad de Madrid de que este decreto es desarrollo de nuestras competencias en materia de sanidad y no de consumo", y añadió que "por ello, no se dio trámite de audiencia a este organismo".

Prado subrayó que en la tramitación del decreto antitabaco de la Comunidad "se ha seguido cada uno de los pasos para el desarrollo; se ha pedido el informe preceptivo del Consejo Económico y Social y de diversos organismos que entendemos que deben ser escuchados en materia de salud".

La viceconsejera señaló que el objetivo de la Comunidad de Madrid al elaborar el decreto antitabaco es "defender la libertad de todos los ciudadanos y, en materia de lucha contra los efectos perniciosos del tabaco, lo que procede es la educación y no la imposición". Por eso, según Prado, todos los esfuerzos por "fomentar hábitos más saludables van encaminados a la educación".

También destacó que "nunca hemos dejado de cumplir con la ley estatal" y que la Comunidad de Madrid ha incrementedado en 2008 las inspecciones derivadas de la ley antitaaco, con un total de 5.110 inspecciones, lo cual arroja una media mensual de 425 frente a las 345 del año 2007. También se han incrementado las sanciones por incumplimiento de la legalidad y se han decretado por 223.069 euros en 2008, frente a 62.663 en 2007.

Reacciones
Fumadores por la Tolerancia asegura que la decisión de la Justicia de anular el decreto sobre el tabaco de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no cambiará la "situación de acoso y derribo" que vienen soportando los fumadores de la comunidad tras la puesta en marcha de la Ley del Tabaco. Esta asociación consideraba que "razonables" las medidas adoptadas por Aguirre para flexibilizar la ley del Tabaco.

Por su parte, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) duda de que la sentencia del TSJM sirva para que cambie la normativa en Madrid, asegurando que "la mejor solución para que todas las comunidades cumplan la Ley de Prevención del Tabaquismo es que ésta se modifique y cambie la situación de los ciudadanos expuestos al humo", sentenció el portavoz de esta entidad, Rodrigo Córdoba.

En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha solicitado este martes al Ministerio de Sanidad y Consumo que presente una nueva Ley estatal sobre el tabaco que evite la "dispersión" de criterios en las diferentes comunidades autónomas.

IU por su parte afirmó que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anula el Decreto antitabaco que elaboró en 2006 el Ejecutivo autonómico para desarrollar la Ley antitabáquica estatal es la "consecuencia lógica de su manera de actuar siempre bordeando la Ley".

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