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Ana Pastor, vicepresidenta 2ª del Congreso y secretaria de Política Social del PP

'Las necesidades de los dependientes aún no están cubiertas'

"Las necesidades de los dependientes aún no están cubiertas"

sábado 13 de diciembre de 2008, 00:00h
 Su cara resulta conocida por su labor al frente del Ministerio de Sanidad entre 2002 y 2004, pero Ana Pastor (Cubillos del Pan, Zamora, 1957) lleva muchos años trabajando en la Administración. Ahora compatibiliza su labor como vicepresidenta segunda del Congreso con la Secretaría de Política Social del PP, desde donde pide "igualdad de oportunidades de todos los españoles" ante la Ley de Dependencia.
Haga un balance de la política social del Gobierno en esta legislatura.
La mejor política social es la creación de empleo, porque solo así se crea riqueza para generar una sociedad del bienestar sólida. Los presupuestos de este año no han aumentado las cuantías para las políticas activas de empleo. Se destinan más recursos a pagar el desempleo, que es un derecho de todos los trabajadores, pero vamos mal cuando todos los días hay personas que se están yendo al paro. Con los datos de desempleo más altos de la última década, muchos recursos que se podrían destinar a políticas sociales van a parar al paro.

¿Cómo valora los presupuestos para 2009?

La sociedad del bienestar tiene cuatro pilares: la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia, a los que debe ir destinada una parte muy importante de su presupuesto. Y por empezar por la sanidad, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha incumplido el acuerdo de financiación que tenía con las comunidades autónomas con respecto a los anticipos. Así, las autonomías están en una situación límite, porque somos casi cinco millones más de españoles de los que había en el año en el que se basa el cálculo de la financiación. En educación, el Gobierno sigue incumpliendo lo que prometió en 2004, que son las guarderías para niños de 0 a 3 años. No hay igualdad de oportunidades: dependiendo de dónde vivan, las familias pagan una cantidad u otra, y hay menores que ni siquiera pueden acceder a una guardería.

¿Qué ocurre con las personas dependientes?
La Ley de Dependencia, de cuya aprobación se cumplen ahora dos años, es muy positiva porque viene a cubrir un hueco que había para los ancianos y las personas con discapacidad que no pueden llevar a cabo las tareas ordinarias de la vida por sí mismas, como vestirse, comer o defenderse. Son las que más lo necesitan, y el artículo 9 de la Constitución dice que los poderes públicos han de velar por la igualdad de oportunidades, lo que significa, entre otras cosas, que esas personas con discapacidad tengan autonomía personal.

¿Se está consiguiendo?
El Gobierno, en materia de dependencia, no está cubriendo las necesidades que tienen los españoles. Ha generado una gran expectativa y en este momento tenemos una insuficiente financiación para la dependencia. Muchas personas ya han fallecido cuando van a cobrar la prestación o a recibirla , a otras que tienen más de cien años se les dice que la prestación llegará dentro de varios años, y el Defensor del Pueblo está recibiendo quejas permanentes. Por lo tanto, la financiación es insuficiente, pero además hay comunidades autónomas que, de cada cien euros que se destinan a la dependencia, ponen 80, cuando en teoría debería existir un equilibrio. El modelo de financiación, que en este momento se hace a través de convenio, no es el adecuado. Un convenio puede servir para hacer un puente o una carretera, pero no para la financiación estable, como debe ser la sanitaria y la atención a la dependencia.

¿Qué proponen ustedes?

El Gobierno, en vez de aprobar dos reales decretos del desarrollo de la Ley de Dependencia, ha hecho un acuerdo para el copago, la cartera de servicios y sus garantías. Esto es insuficiente, tanto que cada comunidad autónoma va a tener un copago distinto. Tal es la preocupación que hay personas con discapacidad que no han pedido la evaluación, porque posiblemente si la piden les darán menos prestaciones de las que tienen en este momento.

Cada comunidad autónoma lleva un ritmo diferente a la hora de aplicar la ley de Dependencia. Por ejemplo, en Madrid esta es
seis veces menor que la media nacional.
Eso no es así. Una cosa es la estadística que recoge las nuevas prestaciones y otra que la Comunidad de Madrid destine más dinero en la atención a la dependencia que el señor Rodríguez Zapatero para toda España.

Pero en la aplicación de la ley, es decir, la prestación de servicios como consecuencia de un derecho reconocido por esta norma, Madrid está a la cola de España.
Es que muchos no han solicitado el reconocimiento, no solo en Madrid sino en toda España, porque piensan que recibirán menos prestaciones si se acogen a la nueva regulación. Y lo que me parece más grave es que no haya un copago único. Un señor con un nivel de renta, pongamos 800 euros de ingresos, con Alzheimer, recibe prestaciones diferentes en una comunidad autónoma que en otra. Eso me parece injusto y grave, porque estamos ante una cuestión de interés general que recoge la Constitución, que es la igualdad de oportunidades.

Otro de los eslabones que deben aplicar la Ley de Dependencia son losayuntamientos, que son quienes deben tramitar todas las solicitudes de prestaciones para hacérselos llegar a las comunidades autónomas. Algunos tuvieron que hacer frente a la avalancha de solicitudes con los mismos recursos. ¿Sigue habiendo un problema de financiación municipal?
Muchos ayuntamientos están haciendo un esfuerzo que van más allá de sus propios presupuestos. Están manteniendo incluso residencias para personas mayores y no tienen los recursos suficientes. Es más, tienen congeladas las cuantías del Plan Gerontológico Nacional y deben hacer un esfuerzo sobrehumano. Hay que tener en cuenta que son la administración más cercana, a donde van las personas a contar que tienen un problema y carecen de recursos. Por tanto, los ayuntamientos, como el de Madrid, lo están pasando muy mal con la financiación y están atendiendo ahora, muchas veces de forma callada, a todas estas personas que parecen olvidadas y ahora, con el paro, atraviesan muchas dificultades.

¿Habría que reorientar las políticas familiares ahora con la crisis?
La familia ha sido y es en muchos casos el Estado del bienestar de la gente. Las mujeres, sobre todo, son quienes durante siglos han cuidado a los mayores, a los enfermos, han llevado a los niños al médico... Pero hoy, por fortuna, la mujer trabaja fuera del hogar y el apoyo que le daba a los padres, a los abuelos y a los enfermos ya no es el que era. En España, la familia sigue siendo fuerte, pero hay mucha gente que ha llegado a nuestro país sin una familia detrás que le sustente. Por eso debemos estar muy pendientes de los más desfavorecidos, pero no porque el corazón se ablande en Navidad, sino porque hay que estar pendientes de eso.

La violencia doméstica no cesa. ¿Falla la ley o su aplicación?
La violencia doméstica es, junto con el terrorismo, la mayor lacra que tiene nuestra sociedad y tenemos que combatirla entre todos. Hay unos recursos insuficientes, pero yo he hecho unas cuantas propuestas. Muchas mujeres víctimas de violencia de género quieren iniciar una nueva vida y los microcréditos les ayudarían mucho. Además, el consumo de alcohol no debería ser un atenuante, por lo que he propuesto este cambio en el ordenamiento jurídico.

El año 2007 se cerró con un 15 por ciento más de abortos practicados en la Comunidad de Madrid. En campaña, usted defendió que la ley debía aplicarse tal y como está.
Cuando se produce el número de abortos que se están produciendo ahora, algo falla en la sociedad. Lo que hay que hacer es aplicar la ley y trabajar de forma intensa en prevención y educación sanitaria. También hay que apoyar a las adolescentes embarazadas, que se encuentran en circunstancias muy difíciles.
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