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PSOE insta a Comunidad y Ayuntamiento a firmar el convenio para desarrollar el hospital de Carabanchel

PSOE insta a Comunidad y Ayuntamiento a firmar el convenio para desarrollar el hospital de Carabanchel

Por MDO/E.P.
jueves 09 de octubre de 2008, 00:00h
El Grupo Municipal Socialista de Madrid instó este jueves al Ayuntamiento de la capital y al Gobierno regional a que "firmen ya el convenio para desarrollar el hospital" que se construirá en los terrenos ocupados actualmente por la antigua cárcel de Carabanchel.
El pasado 16 de junio, el Ministerio del Interior, titular de la parcela a través de Instituciones Penitenciarias, firmó un convenio con el Consistorio cediendo los terrenos para la construcción de un hospital, dependencias penitenciarias, 600 viviendas, espacios verdes y equipamientos municipales públicos.

Desde entonces no ha habido más noticias de la operación, si bien el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, indicó que ya se ha concedido la licencia de demolición al departamento dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba.

"Sin embargo, desde el Grupo Municipal Socialista expresamos la mayor de nuestras preocupaciones por la falta de información y el secretismo en relación con la construcción o no del hospital en los terrenos", afirmó el concejal socialista de Urbanismo, Pedro Sánchez.

Para él, es "urgente" que tras cuatro meses "la Comunidad y el Ayuntamiento firmen el convenio de una vez por todas para desarrollar el hospital, que en definitiva era el objetivo fundamental y la reivindicación principal de los vecinos de los distritos de Carabanchel y Latina".

Silencio regional
"Han pasado cuatro meses y ni la Comunidad de Madrid ha dicho 'esta boca es mía', no sabemos su criterio y opinión en relación a este tema, ni por supuesto vemos al Ayuntamiento en una actitud activa de exigir al Ejecutivo autonómico que cumpla con su obligación de dotar de las suficientes plazas sanitarias a estos dos distritos, cuya población está en torno al medio millón de personas", indicó Sánchez.

Así, exigió a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que "invierta en Madrid, cosa que no está haciendo", y a Ruiz-Gallardón le pidió que "defienda los intereses de los vecinos, exigiendo la construcción del hospital".

"Tememos que, dada la pésima relación entre ambos dirigentes por intereses partidarios, el proceso se obstaculice, se frene, y que al final primen sus intereses partidarios y no los generales de los ciudadanos", añadió el concejal, antes de subrayar que "el Ministerio del Interior está cumpliendo con los plazos y liberando recursos y suelo para que en Madrid se dé respuesta a las demandas de los vecinos".

"En cambio, quien no está cumpliendo con sus obligaciones es la Comunidad y el Ayuntamiento, y ya empieza a ser urgente porque la construcción del hospital lleva mucho retraso", concluyó.

Respuesta vecinal
Por otro lado, los vecinos del distrito de Carabanchel piden al gobierno que asuma su responsabilidad histórica con las víctimas del franquismo. Señalaron, después de conocer este jueves la adjudicación de las obras de demolición de la cárcel de Carabanchel y de la licencia municipal, que la demolición debe respetar la cúpula central y alguna de las galerías como elementos de la cárcel más emblemática de la represión franquista, para la la creación de un centro por la Paz y la Memoria de página negra de nuestra historia que nunca debe volver a ocurrir.
También aprovecharon la ocasión para denunciar "el actual protocolo de intenciones firmado entre el Ministro de Interior y el Alcalde de Madrid a espaldas de los vecinos, ya que no satisface sus necesidades de equipamiento y mantiene la especulación del suelo con la construcción de pisos". De igual manera, criticaron las declaraciones del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón de que “una oportunidad para mejorar el ámbito, para mejorar las dotaciones para los vecinos, para tener más viviendas, muy necesarias en esa zona”; lo cual tachan de "ignorancia preocupante de quien ostenta la alcaldía madrileña, pues sólo un 25% de los terrenos (hospital) podrán ser usados por los vecinos, ya que el resto serán de uso exclusivo del Ministerio del Interior (oficinas, comisaría o el criticado CIE), y los pisos se levantarían en medio de los dos distritos más poblados de Madrid, con más de medio millón de habitantes y con grandes carencias de dotaciones.
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