Los juzgados madrileños, especialmente los de Plaza de Castilla, han vivido con aparente normalidad la primera jornada de la huelga de jueces y fiscales convocada en protesta por las reformas del Gobierno en el acceso a la carrera judicial y la organización de la Fiscalía. A lo largo de la mañana, no se han registrado incidencias destacables, más allá del malestar expresado por algunos abogados que no pudieron cumplir con sus citaciones programadas.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la jornada se ha desarrollado sin alteraciones graves, pese a que el 75 por ciento de jueces y fiscales se habrían sumado al paro, según las asociaciones convocantes, aunque no hay datos oficiales del CGPJ ni de la Fiscalía General. Esto no ha impedido que funcionarios y letrados de la Administración de Justicia (LAJ) hayan mantenido su actividad habitual en los juzgados, lo que ha contribuido a que la maquinaria judicial no se detuviera por completo.
La repercusión de la huelga ha variado entre los 54 juzgados de instrucción de Plaza de Castilla, dependiendo de si el titular del juzgado se ha sumado o no a la protesta. En los juzgados con jueces en huelga, la actividad se ha reducido, especialmente en lo relativo a señalamientos, aunque la presencia del resto del personal judicial ha permitido mantener cierta operatividad.
En algunos despachos podían verse carteles anunciando la huelga, convocada por todas las asociaciones de jueces y fiscales salvo dos: Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
Desde la Fiscalía también han confirmado que, si bien se han suspendido algunas citaciones, la actividad en juzgados de guardia y en casos con personas detenidas ha continuado con relativa normalidad.
El ambiente en los pasillos era tranquilo, según varios testigos. Para algunos abogados, la situación ha supuesto un verdadero trastorno al presentarse sin saber si sus vistas se celebrarían. Otros, en cambio, han apuntado que han podido resolver sus trámites sin mayor problema gracias al trabajo de los LAJ.
Según fuentes jurídicas, en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional también se ha vivido normalidad con la celebración de los juicios, declaraciones y diligencias previstas. En los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional la actividad ha sido prácticamente habitual, con excepciones puntuales, y se han llevado a cabo actuaciones en causas relevantes como las de Ambulancias Egara y el presunto acoso sexual de un comisario en la India. También continúan tres juicios señalados esta semana, relacionados con adjudicaciones a Cofely, narcotráfico y fraude en hidrocarburos. Solo algunos magistrados de lo Contencioso-Administrativo se han sumado a la huelga, mientras que en el ámbito penal la actividad ha sido normal.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía no establecieron servicios mínimos para la huelga. No obstante, el Comité de Huelga sí fijó mecanismos para asegurar la atención mínima a la ciudadanía en casos urgentes. Así solo se atenderán actuaciones inaplazables, como las guardias de detenidos, medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, registros domiciliarios y conservación de datos de operadores telefónicos, así como causas con presos, menores, internamientos urgentes o violencia de género.
La huelga, que se extenderá durante 48 horas más, continuará poniendo a prueba la capacidad de respuesta del sistema judicial ante la protesta del colectivo de jueces y fiscales.
"Caos" en el estreno de los Tribunales de Instancia en la región, según CCOO
La primera jornada de huelga ha coincidido con el estreno de los nuevos Tribunales de Instancia en 14 partidos judiciales de la Comunidad de Madrid, donde han entrado en funcionamiento las Oficinas Judiciales previstas en la Ley Orgánica 1/2025. Según denuncian los trabajadores y el sindicato CCOO, el caos ha reinado en este primer día porque la implantación se ha realizado de forma precipitada y sin preparación, provocando fallos generalizados en sistemas informáticos, teléfonos, impresoras y organización interna, con expedientes aún en cajas y sin personal de apoyo suficiente.
La "falta de planificación de la Consejería de Justicia" habría dejado a decenas de juzgados sin capacidad operativa, con situaciones especialmente graves en Arganda del Rey, donde no se habían tomado declaraciones a detenidos a mediodía, o en Navalcarnero, aún en plena mudanza. En otros casos, como Alcorcón o Collado Villalba, se ha tenido que continuar con la estructura anterior ante la imposibilidad de activar el nuevo modelo.
El sindicato reprocha a la Comunidad de Madrid que, pese a tener la opción legal de aplazar la puesta en marcha hasta seis meses, haya decidido mantener la fecha del 1 de julio, lo que ha derivado, según CCOO, en un servicio público desbordado y en condiciones deficientes, sin cubrir numerosos puestos de trabajo y con la pérdida de la especialización de los funcionarios por la nueva estructura organizativa.
Por su parte, la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de Madrid asegura que los Tribunales de Instancia han comenzado a funcionar con normalidad, sin que se hayan reportado quejas ni problemas relevantes durante la transición. Aseguran desde este área que se ha desplegado personal de soporte tecnológico en todas las sedes judiciales para garantizar la correcta implantación de la Ley 1/2025, con todos los sistemas disponibles desde primera hora.
El Gobierno regional ha criticado al Ministerio de Justicia por convocar el concurso de traslados a pesar de haber solicitado su suspensión, lo que ha generado 1.000 movimientos adicionales y la pérdida de 150 funcionarios, obligando a reasignar funciones a 1.100 empleados públicos.
Asimismo, la Comunidad apunta que, en todo caso, la coincidencia de la huelga con la entrada en vigor de la nueva ley ha podido afectar el funcionamiento judicial.
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